Familiares de la presa política Tamara Dávila aseguraron que la principal demanda de la activista es poder ver a su hija. La opositora no ha podido ver ni comunicarse con su pequeña desde que fue detenida el cinco de junio de 2021, hace 226 días. La dictadura la acusa de supuestamente violar la Ley 1055, Ley de Soberanía por «conspiración para el menoscabo de la integridad nacional» y «traición a la patria».
«Ya son ocho meses sin poderla ver (a su hija). Eso implica una doble violación: al derecho de ella de ver a su hija y al derecho de la niña de poder crecer con la comunicación de su mamá. Ni siquiera una llamada telefónica en ocho meses. Eso ya está afectando fuertemente la salud física y emocional de Tamara. La persona que la fue a ver la encontró en situación de mucha tristeza por eso. A través de eso el régimen quiere quebrantarle», dijo a Artículo 66 su hermana Ana Lucía Álvarez Vijil.
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En septiembre del año pasado, los familiares de Dávila denunciaron que recibía tortura a diario por los agentes represivos del régimen al utilizar el nombre de su pequeña hija para atormentarla. «Le dicen que es una mala madre que dejó a su hija abandonada por meterse a las protestas», explicaron en ese momento los parientes de Tamara.
Álvarez Vijil manifestó que las condiciones carcelarias en las que se encuentra Dávila son los mismas que desde la visita pasada: interrogatorios, mala alimentación, luz encendida 24 horas, etc. «Las condiciones se mantienen, ella sigue aislada, sigue en solitario, sigue (en una celda) empernada. Siguen impidiéndole a través de custodios, la comunicación fuera de su celda. Ella está fuerte en espíritu», señaló.
Permitieron el ingreso de una frazada
La hermana de Dávila informó que hace tres días permitieron el ingreso de una frazada para su pariente. Esta demanda de los familiares es una constante que continúa para que todos los detenidos en El Chipote puedan tener una cobija para protegerse del frío de las madrugadas.
«Gracias a la campaña constante que tenemos, anteayer logramos que le pasaran una cobija a Tamara, eso fue gracias a la insistencia de la familia, medios de comunicación y ciudadanía que han estado constantemente abocando por eso. Pasaron más de 200 días padeciendo frío», recordó.
Juicios siguen suspendidos
Sobre los procesos judiciales de los presos políticos, Álvarez Vijil señaló que no saben nada por el hermetismo con el que se manejan los casos que se mantienen suspendidos desde el mes de octubre. «Recibimos una comunicación desde finales de octubre donde planteaban que tenían mucho trabajo. Eso para nosotras es inadmisible porque el Estado de Nicaragua tiene la obligación de brindar las garantías procesales», reprochó.
«Tres meses con los juicios detenidos, lo que está garantizando el Estado es la indefensión absoluta y un estado de incertidumbre. Esto es prueba de como todos estos juicios son una decisión política. Los jueves no tienen independencia y autonomía, están sirviendo como operadores políticos de la dictadura», finalizó.