La Universidad Paulo Freire, a través de su Dirección de Relaciones Públicas, informó que el Ministerio de Gobernación (Migob) dio fecha para que presente sus estados financieros, los cuales no habían sido recibido desde el 2020.
«Con fecha del 13 de enero del corriente año —2022— hemos recibido una citatoria del Departamento de Registro de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, en la que se nos invita en un plazo de 15 días a presentar nuestros estados financieros del año 2020, y a responder “notas aclaratorias relacionados con nuestros estados financieros de los años 2017, 2018 y 2019. Todo de conformidad con los términos de la ley 147 y la ley 977 y su reglamento», informó la casa de estudios.
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Lo anterior y en base al límite por parte del Migob, indica que esa universidad tiene hasta el 28 de este mes para presentar sus estados financieros, por lo que las autoridades expresan que ojalá esta vez no haya ninguna traba.
Ante la «iniciativa» de la entidad de Gobierno para recibir la documentación de la Universidad Paulo Freire, la institución educativa dice «celebrar» que finalmente la Dirección de Registro de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, se haya decidido a habilitar y viabilizar la entrega de sus reportes financieros correspondientes al año 2020, los que que se había negado a recibir.
La UPF recordó que «al tenor del contenido de la comunicación que en la fecha 27 de febrero del año 2021, firmada por el rector de nuestra Institución quisimos entregar y depositar en esas dependencias, precisamente en cumplimiento de las obligaciones que al respecto nos indica, la ley 147».
Documentos en regla
En cuanto a sus estados financieros, la Universidad mencionó que jamás han recibido del Departamento de Registro de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, ningún comentario, ni observaciones a sus estados financieros de los años 2017, 2018 y 2019.
«Prueba de esto, es que precisamente, Dirección de Registro, nos entregó en tiempo y forma, las cartas de cumplimiento de los periodos correspondientes a los años 2017, 2018 y primer semestre de 2019, en fecha 18 de agosto, 24 de mayo y 28 de abril respectivamente firmadas por la Lic. Frania Urey Blandón en 2017 y el Dr. Gustavo Sirias Quiroz en 2018 y 2019, lo cual, jamás hubiese ocurrido, si hubiésemos tenido, temas financieros que aclarar», enfatizó.
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También refirieron que antes de vencerse el periodo que se les fue otorgado por el Migob, las autoridades de la institución universitaria se personarán ante el Departamento de Registro de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, a depositar y entregar nuevamente, los estados y reportes financieros del año 2020, «haciendo votos para que esta vez, no exista ninguna razón o causa, que le impida a esa dependencia, recibir tales reportes».
«Reiteramos en este contexto, nuestra vocación de transparencia y cumplimiento de la legalidad vigente, en relación a las reglas establecidas en el país para el funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior, tal y como lo hemos hecho, con relación a todos los requisitos, plazos y tramitaciones de los procesos de verificación de calidad, ordenados por la ley 704 y ejecutados eficientemente por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) durante el año 2021», concluyo el comunicado de la Universidad, con fecha del 18 de enero.
Régimen ilegalizará a tres asociaciones universitarias
El comunicado de la Universidad Paulo Freire llega luego que la Asamblea Nacional anunciara que cancelará la personalidad jurídica de tres asociaciones universitarias.
Las tres entidades son: la Fundación Universidad de Mobile Latinoamérica Campus (Fumlac), la Asociación pro Universidad Agropecuaria de la Quinta Región y la Asociación Pro Universidad de Jinotega. La solicitud fue introducida el 17 de enero ante la Asamblea Nacional por el diputado de la bancada sandinista Filiberto Rodríguez.
La Asamblea Nacional apegada a las decisiones y órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo las señala de ser transgresoras de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
Estas acciones por parte del Gobierno de Ortega es una suma de la cancelación de otras asociaciones universitarias. El 13 de diciembre se ordenó, a través del Ministerio de Gobernación (Migob), la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y la Asociación Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), ambas asociadas a su aliado Leonardo Torres.
Según el Migob, las dos entidades supuestamente violaron la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva; y a la Ley 147, Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro.
De ejecutarse la cancelación de la personalidad jurídica de la tres asociaciones universitaria, sería el primer acto del 2022 en contra de entidades educativas, ejecutadas por la aplanadora de diputados orteguistas.
