La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó, a través del Ministerio de Gobernación (Migob), la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y la Asociación Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), ambas asociadas a su aliado Leonardo Torres.
Según el Migob, las dos entidades supuestamente violaron la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva; y a la Ley 147, Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro.
Noticia relacionada: Empresario Leonardo Torres dice que los nicaragüenses «tenemos que aprender a convivir con el coronavirus»
La iniciativa de ley de decreto de cancelación de personalidades jurídicas, señala que la Uhispam y Conimipyme se encuentran acéfalas desde el primero de marzo de este año, no han reportado sus estados financieros correspondientes al año 2020 con sus ingresos, egresos, balanza de desgloses detallados comprobación, proveniencia y beneficiario; además, no han presentado los convenios con donantes y oenegés, sobre sus proyectos y actividades que definan claramente sus fuentes de financiamiento, cartera de proyectos, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines o objetivos de su fundación.
Leonardo Torres aliado del regimen Ortega Murillo. Foto: La Prensa.
A mediados de noviembre de 2021, a Leonardo Torres no lo dejaron salir de Nicaragua. Oficiales de Migración y Extranjería le quitaron su pasaporte en el aeropuerto de Managua, hasta la fecha no ha dado su versión de los hechos. El empresario se suma a la lista de funcionarios de gobierno y opositores que la dictadura les ha declarado restricción migratoria de facto.
En 2018, fue nombrado miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua en sustitución de José Adán Aguerri, entonces presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y actual preso político de la dictadura nicaragüense.
De consumarse estas cancelaciones, la dictadura habrá descabezado a unas 50 ONG desde diciembre de 2018, año que inició la crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos tras las protestas sociales que demandan la salida de Ortega y Murillo del poder.
