El informe «Nicaragua, Eventos de 2021» de Human Rights Watch (HRW) explica que el dictador nicaragüense Daniel Ortega «ha desmantelado prácticamente todos los controles institucionales al poder presidencial», manejando a su gusto y antojo para su beneficio los poderes del Estado.
El documento hace un recuento de los sucesos que llevó a Ortega a la cuarta reelección consecutiva y segunda de la mano de su esposa, vicepresidenta y vocera de la dictadura, Rosario Murillo. Detalla la «escalada represiva contra críticos y la oposición política» y el desconocimiento internacional del nuevo mandato del régimen.
«Otros problemas que persisten en Nicaragua son las severas restricciones a la libertad de expresión y de asociación, la discriminación política y leyes restrictivas sobre aborto», destaca el informe.
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En el 2021, el régimen emprendió una cacería contra los principales liderazgos de la oposición, entre ellos siete aspirantes presidenciales que pretendían disputar la candidatura única y enfrentarse a Ortega en las urnas. Tras estas detenciones la dictadura ordenó al Ministerio Público que abriera causas penales por delitos como lavado de dinero y traición a la patria, esta última es una nueva figura creada para inhibir a los opositores a cargos de elección popular.
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«La mayoría (de los presos políticos) han permanecido incomunicados y han sido sometidos a condiciones abusivas de detención, incluyendo interrogatorios diarios, aislamiento prolongado y una alimentación insuficiente. Las autoridades impidieron que los abogados estuvieran presentes durante las audiencias públicas y les asignaron defensores públicos. Durante meses, la mayoría de los abogados privados no tuvieron acceso a documentos judiciales, a pesar de solicitarlos en reiteradas oportunidades», subraya HRW en su informe.
Para Ortega mantenerse en el poder y eliminar cualquier resquicio de oposición ordenó a la orteguista Asamblea Nacional aprobar una serie de leyes regresivas que inhibe a los opositores para postularse a cargos de elección popular, criminaliza el uso de las redes sociales y persigue el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. A finales de 2020 e inicios de 2021 se pusieron en marcha la Ley 1050, Ley de soberanía; la Ley 1042, Ley especial de Ciberdelitos; y la Ley 1040, Ley de regulación de agentes extranjeros.
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HRW señala en su informe que los periodistas y los defensores de derechos humanos son blanco de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en línea, detención y procesos penales arbitrarios. «A menudo, miembros de las fuerzas de seguridad hacen guardia frente a las residencias de críticos para impedir que salgan de sus hogares, en circunstancias que constituyen detenciones arbitrarias», menciona.
En los meses de julio y agosto, la dictadura ordenó el cierre de 45 ONG, incluidas agrupaciones de mujeres, organizaciones de asistencia internacional y varias asociaciones médicas. El gobierno ya había cerrado otras diez entidades desde 2018.
En el documento se hace énfasis en los allanamientos al diario La Prensa, la redacción de Confidencial, la detención de los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza, la retención aduanera a la materia prima del periódico, la citatoria de periodistas al Ministerio Público, la amenaza de los fiscales a los comunicadores sobre la aplicación de la Ley de Ciberdelitos
Finalmente señala las acciones internacionales que han tomado los foros internacionales en la crisis de derechos humanos en Nicaragua. El destacado papel que ha jugado la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
