En su primer discurso en el nuevo periodo en la Presidencia de Nicaragua, el dictador Daniel Ortega pidió un «borrón y cuenta nueva» de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde abril 2018. Abogados, defensores de derechos humanos y políticos opositores consideran que el régimen busca una «autoamnistía» para dejar en la impunidad los asesinatos de los manifestantes y las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, dijo en declaraciones a Artículo 66 que la afirmación de Ortega es «una forma velada de proponer, en ese lenguaje tan confuso, una autoamnistía». «No se puede de ninguna manera llegar a un arreglo económico sin tratar todos los problemas de la impunidad», aseguró.
Por su parte, el abogado Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, manifestó que las violaciones a derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se perpetraron a partir de abril de 2018 son «imprescriptibles, es decir, que no basta con decir borrón y cuenta nueva como para poder continuar cometiendo estas graves violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población nicaragüense».
Noticia relacionada: EE.UU. exige liberación de presos políticos antes de dialogar con Ortega
Ortega mantiene tras las rejas a más de 170 presos políticos, 40 de ellos apresados en el contexto electoral. Los mantiene aislados, incomunicados, sometidos a torturas psicológicas, emocionales, sin atención médica, no reciben el sol, mantiene la luz de las celdas encendidas las 24 horas del día, reciben mala alimentación, están desnutridos, algunos han desarrollado enfermedades que no padecían antes del cautiverio, no les permiten el ingreso de una cobija o ropa de cama, ni de la Biblia ni de ningún material de lectura. Tampoco les dejan ingresar alimentos para complementar los tiempos de comida y las visitas semanales o quincenales están prohibidas.
«No es posible que por una simple expresión del dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo pretendan pensar que todo se ha olvidado. Hay víctimas de violaciones a los derechos humanos, las más de 355 personas asesinadas en el marco de las protestas de abril 2018, las más de 5 mil personas que fueron presas políticas y que recibieron torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia sexual en contra de ellas; y a la fecha más de 170 personas presas políticas; más de 150 mil personas han tenido que desplazarse forzadamente», detalló Abarca.
Según el grupo de abogados Acción Penal, las palabras del dictador Daniel Ortega se podrían interpretar que «él quiere empezar de cero y empezar a dialogar. Que no le miren nada para atrás; una especie de autoamnistía. Va a querer probablemente la liberación de los presos políticos con la condición de que a él no le procesen por ninguno de los delitos de lesa humanidad, con relación a todas las personas muertas, torturadas y todos los presos políticos. Eso es lo que probablemente él busque».
«Él quiere seguir en el poder. Quiere continuar de la misma forma que han continuado sus invitados (a la toma de posesión), por eso es que él se sintió acuerpado con (Miguel) Díaz-Canel y con (Nicolás) Maduro, pero siempre quiere seguir ofendiendo a Estados Unidos y obteniendo beneficios de ellos. Él quiere también seguir reprimiendo», agregó Acción Penal.
Para Ortega mantenerse en el poder y eliminar cualquier resquicio de oposición ordenó a la orteguista Asamblea Nacional aprobar una serie de leyes regresivas que inhibe a los opositores para postularse a cargos de elección popular, criminaliza el uso de las redes sociales y persigue el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. A finales de 2020 e inicios de 2021 se pusieron en marcha la la Ley 1050, Ley de soberanía; la Ley 1042, Ley especial de Ciberdelitos; y la Ley 1040, Ley de regulación de agentes extranjeros.
«Un llamado descarado a la impunidad de sus crímenes»
De concretarse las intenciones del dictador Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, quedarían en la impunidad más de 355 asesinatos de manifestantes en las protestas cívicas. Las madres de Alvarito Conrado, Teyler Lorío, Matt Romero, los hermanos que fallecieron calcinados en el barrio Carlos Marx, Gerald Vásquez y Orlandito Córdoba no podrán acceder a la justicia y los crímenes quedarían sin resolver.
Para la Alexa Zamora, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el «borrón y cuenta nueva» que ofrece el régimen Ortega Murillo es parte de las «intenciones de Ortega (que) siempre ha sido lograr la impunidad en torno de los crímenes cometidos por su régimen, crímenes que han sido catalogados por la comunidad internacional como crímenes de lesa humanidad».
Noticia relacionada: Activistas solicitan a Amnistía Internacional declarar «prisioneros de conciencia» a rehenes de Nicaragua y Cuba
«Eso es un pedido de impunidad: “olvídense de lo que hice y sigamos adelante”. Un llamado descarado a la impunidad de sus crímenes, de la vicepresidenta y el núcleo de funcionarios que se involucraron con él en la represión y los crímenes», afirmó la presidenta del Cenidh.
Núñez indicó que Ortega quiere «tapar el sol con un dedo» y hundir nuevamente al país en un «ciclo de violencia» como lo sucedido desde abril 2018. «La verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición es lo único que garantiza para el futuro una sociedad estable. Esta fue una propuesta deshonesta (de Ortega), con cobardía y falta de entereza», señaló.
Abarca manifestó que la población nicaragüense sabe quiénes son los perpetradores y las personas que cometieron las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. «Olvidar no es fácil. Es necesario que haya libertad para las presas y presos políticos, que comiencen a realizarse, de una u otra manera, procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición», enfatizó.
