La participación ciudadana de un más del 65 % en la «farsa electoral» de Daniel Ortega y Rosario Murillo y la supuesta pluralidad política en los comicios de noviembre de 2021 son solo dos de las falsedades que según Hagamos Democracia intentó imponer el régimen de Nicaragua de cara a la comunidad internacional.
En el informe Nicaragua: Colapso Electoral 2021, presentado este 13 de enero por la organización cívica se recopilan no solo datos durante el proceso electoral, sino también de los hechos previo a las elecciones presidenciales. El Consejo Supremo Electoral (CSE) dio por ganador al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con el 75.92 % y selló la permanencia del régimen por cinco años más.
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Para Eliseo Núñez, abogado y analista político, lo que realizó el dictador Ortega fue un «fraude intelectual», ya que se encargó de diseñar desde cero el tema de lo que logra vender o quiere vender al exterior como gobierno.
Los panelistas que participaron en el evento resaltaron las supuestas «verdades» que Ortega dijo en referencia a una alta participación electoral de los nicaragüenses, que existe pluralidad política, que la oposición está débil y que por eso el FSLN gana siempre; y que su gobierno cuenta con un enorme apoyo popular.
La realidad es otra según el organismo, porque lograron comprobar que hubo un baja participación de la población en las urnas electorales. Señalan que los ciudadanos se quedaron sin opciones políticas con la cancelación de personería jurídicas a los partidos de Ciudadanos por la Libertad (CxL) y Partido Renovación Democrática (PRD), también con inhibición o encarcelamiento de quienes tenían aspiraciones presidenciales y la detención de la dirigencia política de la oposición.
El régimen de Daniel Ortega ha pretendido implantar un nuevo modelo de democracia, la democracia popular versus la democracia liberal o representativa. «Solo existe un concepto de democracia, democracia no hay dos, no hay tres, es un solo concepto, el régimen nos ha querido vender de que la democracia se acomoda», indicó Núñez.
La organización sostiene que las elecciones de noviembre 2021 en Nicaragua se dieron en un ambiente de «coacción del voto y de violencia política».
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El régimen de Ortega se apoyó de sus fieles seguidores para cometer el «fraude electoral» del siete de noviembre, de acuerdo con el organismo. Sus simpatizantes se encargaron de amenazar a los trabajadores del Estado con despido, si estos no ejercían su derecho al voto, marcando «x» en la casilla del Frente Sandinista. Igualmente, coaccionaron con una posible exclusión de los programas de asistencia social y de los programas de servicio de salud del Estado.
Eliseo Núñez señaló que el gobierno sandinista llegó a ser «cruel» debido a que el dictador «dijo que no iba a vacunar a quienes no votaran, (…) hay enfermos crónicos de diabetes o en enfermos crónicos de hipertensión que reciben su medicamento en el centro de salud, y se les dijo que si no iba con el dedo manchado, no iban a seguir recibiendo el medicamento».
La violencia política, según el informe, se reflejó en el encarcelamiento a opositores, el acoso policial a activistas de la oposición, amenazas por parte de paramilitares y el exilio forzoso de los nicaragüenses. Desde mayo de 2021, el régimen ordenó prisión para más de 40 personas más, entre los que se incluye a siete precandidatos presidenciales.
El régimen ha usado al Poder Judicial para someter ante la sala de lo constitucional su «derecho a reelegirse», también para procesar y dictar sentencias desfavorables a activistas, dirigentes políticos, y representación legal de los partidos políticos opositores.
Construcción del fraude electoral
El documento destaca que el dictador Daniel Ortega creó una estrategia para lograr perpetuarse cinco años más en el poder. El primer paso que ejecutó fue la aprobación de leyes represivas, como la Ley de Ciberdelitos y la legislación de «traición a la patria». Posteriormente, designó a los magistrados del CSE aliados a su gobierno y el calendario electoral contaba con un sinnúmero de «trampas».
También, realizó a su conveniencia los nombramientos de Consejos Electorales Departamentales, Municipales y Juntas Receptoras de Votos y canceló la personalidad jurídica a partidos políticos como el Partido Restauración Democrática (PRD) y Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Por su parte, el CSE realizó la reducción de los Centros de Votación (CV), pasando de 4,249 a 3,110 CV. De acuerdo, al reglamento de campaña electoral, el régimen se encargó de inmovilizar a sus propios aliados, los partidos colaboracionistas, argumentado que eran medidas para prevenir el COVID-19. El nombramiento de «acompañantes electorales» y la exclusión de observadores internacionales y nacionales para las elecciones del siete de noviembre.
El lunes 10 de enero, Daniel Ortega tomó posesión de su cuarto mandato consecutivo, catalogado de «ilegítimo». El dictador logró atornillarse por cinco años más en el poder en medio del desconocimiento de la comunidad internacional.
