El consolidado de 2021 sobre las violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, elaborado por el diario La Prensa, registra que en ese año en el país imperó el uso abusivo del poder estatal, agresiones y procesos judiciales contra mujeres y hombres que ejercen el periodismo independiente.
«Las cifras expuestas reflejan los resultados del monitoreo y seguimiento que inicialmente realizaba la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, forzada a cerrar operaciones en febrero del 2021 a causa de la Ley de Agentes Extranjeros. Desde entonces, en el diario La Prensa asumimos esa relevante tarea de documentar ese tipo de violaciones», refiere el medio.
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Según La Prensa, durante el 2021 —año electoral en Nicaragua— la cifra de restricciones a la libertad de prensa en el país ascendió a 702 incidentes de abuso del poder estatal, «casi el doble de lo observado en el año 2020 que fue de 360 casos y similar a los sucedidos en el año 2018 que fue de 712».
También documenta que 171 personas fueron víctimas de violaciones a la libertad de prensa, 108 son del género masculino, equivalente al 63 % y 63 víctimas del género femenino, es decir, 37 % del total de casos.
Retomando el posicionamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), publicado el 23 de diciembre del 2021, el último informe de La Prensa señala que en Nicaragua ocurrieron los más peligrosos atropellos contra la libertad de prensa y de expresión en las Américas.
«En ese país, varios periodistas, junto a los principales líderes de la oposición cívica y directivos de organizaciones no gubernamentales, permanecen encarcelados y sin derechos procesales», señaló el presidente de la SIP, Jorge Canahuati.
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«La coyuntura sociopolítica en la que se encuentra inmerso el país con mayor énfasis a partir de abril 2018, es sumamente preocupante y al cierre del año 2021 no hay señales de que la política de hostilidad en contra de los medios de comunicación y los periodistas independientes frenará», refiere el medio de comunicación.
De acuerdo con los indicadores y la metodología establecida por Voces del Sur, el uso abusivo del poder estatal se realiza por medio de acciones propuestas, planificadas, y ejecutadas por el Gobierno de Daniel Ortega, el cual, abusando de su condición superestructural se impone con la fuerza contra los medios de comunicación.
«El uso abusivo del poder estatal es un indicador que mide, entre otras, las acciones orientadas a la asfixia financiera de los medios, la exclusión de los planes de pauta publicitaria estatal, la amenaza o cancelación de frecuencias radioeléctricas, sanciones administrativas y económicas, como multas injustificadas a medios independientes», agrega la Prensa.
Agresiones y ataques no cesan
En el informe anual se reportan 469 transgresiones en contra de medios y periodistas, entre los casos más destacados están el allanamiento y ocupación policial del diario La Prensa , ocurrido el viernes 13 agosto de 2021.
«Media docena de patrullas policiales y un número indeterminado de agentes penetraron sin orden judicial, interrumpieron bruscamente las labores normales del periódico, desconectaron los servidores, cortaron la energía eléctrica y el internet, obligaron al personal periodístico y administrativo a permanecer en el parqueo sin poder salir y sin acceso a dispositivos móviles», denuncia el diario.
Además del allanamiento ilegal del diario La Prensa, la justicia orteguista encarceló a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, actualmente cautivo en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua.
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Entre otros abusos cometidos por el régimen de Daniel ortega, está, el segundo allanamiento y confiscación a las instalaciones del medio Confidencial y Esta Noche, propiedad del periodista Carlos Fernando Chamorro, los interrogatorios a más de 40 periodistas por el Ministerio Público, las agresiones en la coberturas periodísticas y el exilio forzado de decenas de hombres y mujeres de prensa.
En el último discurso de Daniel Ortega, durante la toma de posesión presidencial, volvió a despotricar contra la oposición nicaragüense, pero esta vez prometió un «borrón y cuenta nueva», pero no dejo claro si cesará el hostigamiento contra el periodismo independiente.