Los familiares de los presos políticos, detenidos desde mayo 2021, denuncian que las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso de los reos de conciencia, persisten, y los opositores continúan deteriorándose física y psicológicamente, en indefensión absoluta.
En un comunicado emitido este martes, cuatro de enero, los parientes indican que continúa el acoso durante las visitas y los castigos posteriores a personas presas políticas. Demandan que, mientras estén «ilegalmente detenidos. se respeten sus derechos y presunción de inocencia».
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El viernes, 31 de diciembre de 2021, fue autorizada la cuarta visita a los rehenes de Daniel Ortega, en un lapso de seis meses de detención. Durante el encuentro, sus familiares pudieron notar que las afectaciones de salud, pérdida de peso y torturas a las que son sometidos sus parientes, persisten o ,en algunos casos, han empeorado.
Afirman que durante las visitas existe presencia exagerada de agentes policiales y revisiones físicas que incluyen el retiro de vestimenta y ropa interior, y despojo de objetos de uso personal. «Toma sin consentimiento de fotos y vídeos registrando el saludo inicial en las visitas, incluso exigiéndonos posar y retirarnos las mascarillas en contra de nuestra voluntad; tampoco se ha permitido mostrarles cartas, dibujos, o fotografías de hijos y familiares menores de edad, mucho menos comunicación con ellos en Navidad y Año Nuevo», resaltan.
Los familiares de los opositores subrayan que las autoridades judiciales han negado el ingreso de «ropa de cama o abrigo» para que los reos políticos puedan cubrirse del «frío lacerante» durante las noches, y que las luces, en algunas celdas, permanecen encendidas las 24 horas, mientras que otras se encuentran en «penumbra».
También denuncian que no se ha admitido valoraciones médicas externas o especialistas, ni siquiera en los casos de condiciones preexistentes; algunos presos políticos ya han «desarrollado otras afecciones y sus vidas están en riesgo permanente». La salud de los reos de la tercera edad «está en situación crítica» y los parientes se encuentran «alarmados» por el deterioro físico. A José Pallais, Mauricio Díaz, Violeta Granera, Edgar Parrales y Juan Lorenzo Hollman, solicitan con «urgencia» que los valore un médico.
La mayoría de las celdas en las que se encuentran son pequeñas con camas de concreto, y sus colchonetas están gastadas por el uso, lo que les causa dolores musculares y lesiones en la piel.
Los familiares están «alarmados» por la situación del abogado y opositor, Róger Reyes, quien está presentando pérdida de memoria, depresión y ansiedad, a causa de los tratos inhumanos y encierro a los que es sometido. Fernanda Guevara, esposa del preso político, le exige a Ortega que le permita a su cónyuge ser valorado por un especialista en salud mental.
La preocupación persiste por las dirigentes de la Unión Democrática Renovadora (Unamos) Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona y Dora María Téllez, quienes continúan siendo sometidas a aislamiento permanente, confinadas en celdas solitarias.
Asimismo, el caso de Irving Larios, Miguel Mendoza, Róger Reyes, Álvaro Vargas, Michael Healy y Yader Parajón, quienes «permanecen de a dos», en las celdas de castigo, desde sus detenciones arbitrarias.
Los parientes demandan la libertad inmediata de los reos de Daniel Ortega y exigen que, mientras estos se encuentran bajo prisión, cese de inmediato el aislamiento al que están sometidas Tamara Dávila– «a quien nunca han sacado al patio y permanece en celda empernada»- Suyén Barahona, Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil.
Asimismo, el cese de la reclusión en celdas de castigo a Irving Larios, Miguel Mendoza, Róger Reyes, Álvaro Vargas, Michael Healy y Yader Parajón. El cese de los interrogatorios sin la presencia de sus abogados, el establecimiento de visitas semanales y la autorización de la entrega de alimentos y el respeto al debido proceso.
Le exigen al régimen de Nicaragua el «cambio inmediato» de la medida cautelar de prisión por arresto domiciliar a las personas de la tercera edad y para las que se encuentran crítica de salud; y el establecimiento de mecanismos adecuados para garantizar la comunicación entre los presos políticos y sus hijas o hijos menores de edad.
