María Josefina Gurdián, madre de la opositora y presa política Ana Margarita Vijil, denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y Amnistía Internacional, que la madrugada del 19 de diciembre, un oficial de alto rango de la Policía de Daniel Ortega agredió a la activista política.
Según su progenitora, recibieron información «creíble» que el agente policial ingresó en estado de ebriedad a la celda donde está recluida la integrante de la Unión Democrática Renovadora (Unamos) y la agredió, aunque dijo desconocer qué tipo de violencia fue objeto su hija.
«Hasta el momento de esta comparecencia no sabemos cuál es el tipo de violencia que sufrió mi hija ni la dimensión de los daños» refirió «Pinita», como es conocida la madre de Vijil.
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A través de un comunicado, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) dio su respaldo a la denuncia interpuesta por los familiares de la opositora y actual presa política Ana Margarita Vijil, quienes informaron que un Oficial de alto rango ingresó en estado de ebriedad a la celda de la activista política y la agredió.
«Nos unimos a las justas demandas realizada por los familiares de Ana Margarita, las cuales el Estado tiene la obligación de cumplir», refrió la organización opositora, recordando que este jueves, 30 de diciembre, Vijil está cumpliendo 200 días de estar secuestrada «en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocidas como El Chipote».
Así mismo hicieron un llamado a la comunidad internacional a realizar las gestiones necesarias «para seguir presionando al régimen de Daniel Ortega para que libere a lo inmediato a todas las personas presas políticas, así como seguir sancionando a quienes han cometido y siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad».
El abogado defensor del analista político Edgard Parrales, solicita con mayor brevedad y urgencia la valoración del estado de salud del opositor para evaluar si puede continuar bajo régimen carcelario en las celdas de «El Nuevo Chipote». Su familia teme por la vida del exdiplomático.
«Mi petición la fundamento en el principio de respeto a la dignidad humana y las garantías básicas del debido proceso, ya que su familia me ha informado que teme que la falta de asistencia medica le ocasione un daño a su integridad física y a su vida misma», reza el escrito presentado por su abogado.
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Esta es la segunda vez que su defensor Alonzo Cano solicita que atiendan a Parrales, pues es una persona de la tercera edad, con problemas crónicos desarrollados, debido al cáncer. Pide que «se le brinde asistencia médica y se le practique en el Instituto de Medicina Legal el correspondiente examen por el forense de turno, para determinar de manera urgente si mi defendido puede permanecer o no en régimen carcelario y que reciba la atención médica correspondiente, ya que por razones de su edad y por las afectaciones médicas que padece y que he acreditado en el escrito anterior se hace necesario y urgente que se proceda a la mayor brevedad posible a la práctica de las dos solicitudes planteadas».
En su informe anual sobre la situación actual de Nicaragua en materia de derechos humanos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó el 2021 como uno de los años “más difíciles” en la labor de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que estuvo marcado por el cierre total de todos los espacios y un país por cárcel donde “impera el terror y la represión”.
“Fue un año de persecución sistemática y encarcelamiento de dirigentes políticos sociales, empresariales, campesinos, universitarios, defensores de derechos humanos, periodistas, incluidos siete opositores y precandidatos presidenciales. Un año de farsa electoral. Un año en que la destrucción de la institucionalidad a través de la instrumentalización de todos los poderes del Estado fue más evidente”, señala el documento del Cenidh.
El informe también destaca que en medio del escenario “de represión, injusticia y decadencia estatal” que vive Nicaragua, el organismo tuvo que resistir a estos obstáculos y no detuvo su labor en pro de la defensa de los más desprotegidos a través de la denuncia pública, —«imprescindible en situaciones como las que vive Nicaragua»—. A su vez reconoció la labor de los medios de comunicación independientes por «mantener el tema de la crisis de Nicaragua en los ojos del mundo, son ellos partícipes de este esfuerzo».
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La Unión Democrática Renovadora (Unamos) asegura que continuará firme «en la lucha por la democracia» y por la libertad de seis de sus miembros quienes se encuentran siendo rehenes de la dictadura junto a más de 170 opositores quienes «han hecho de las cárceles, la primera trinchera ciudadana». Además, continuarán demandando elecciones libres como única salida a la crisis.
«Al finalizar el 2021 reiteramos nuestro indeclinable compromiso de continuar en la lucha cívica por conquistar una Nicaragua libre con oportunidades y justicia, objetivo que pasa a lo inmediato por lograr la liberación total e incondicional de todas las presas y presos políticos, el regreso de los exiliados, la restitución de las libertades y la realización de elecciones libres. Ese es el único camino para resolver el drama en el que la dictadura ha sumergido a Nicaragua», expresa el comunicado de Unamos.
Además, la organización política destacó el rechazo ciudadano a las elecciones de Daniel Ortega en las que, según la organización, se evidenció la poca participación de los nicaragüenses en las urnas «cerrando las puertas y vaciando las calles en repudio a la farsa electoral». Manifiestan que a pesar de los esfuerzos del régimen por callar las voces de condena, no ha podido destruir el rechazo nacional e internacional.
