El activista digital Yoel Ibzan Sandino Ibarra, de 25 años, originario de Managua, lleva casi dos meses sin ser visto por sus familiares, luego que la Policía al servicio del régimen de Daniel Ortega lo secuestró el cinco de noviembre, en la víspera de las cuestionadas elecciones presidenciales en Nicaragua.
El también administrador de la página en Facebook Mentes libres, estuvo primeramente detenido en la Estación II de la Policía de Managua, pero la madrugada del primero de diciembre fue trasladado al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como «La Modelo», en Tipitapa.
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Hasta la fecha ninguno de sus familiares lo han podido ver, únicamente se les ha permitido ingresarle alimentos. «No se ha podido ver a Yoel ni por un minuto; no se sabe en qué situación se encuentra», expresó una fuente en condición de anonimato.
Acusado por ciberdelito
El nuevo Sistema de Gestión de Despacho Judicial detalla que Sandino Ibarra, registrado con número de asunto 025195 0RM4-2021-PN, es acusado por los delitos de conspiración y apología para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de la tecnología.
La justicia orteguista detalla que la víctima contra la que supuestamente «atentó» el nuevo preso político, es la sociedad nicaragüense. Cabe señalar que esta imputación es similar a las acusaciones de los más de 40 rehenes de la dictadura.
Según la fuente consultada por este medio de comunicación, Sandino ya fue presentado en audiencia preliminar e inicial, y aunque no hay una sentencia firme, la Fiscalía está pidiendo 12 años de prisión.
«Quieren endosarle a Yoel —Sandino— 12 años de cárcel solo por hacer uso de su libertad de expresión, que es un derecho humano de todas las personas. Ya no podemos expresarnos libremente», agregó.
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Todo el proceso en contra de Yoel Sandino ha sido a puertas cerradas y en total silencio, igual que a todos los nuevos presos políticos, en su mayoría encerrados, entre mayo y noviembre de 2021.
El joven opositor es parte de la lista de 23 presos políticos menores de 25, a quien el régimen de Daniel Ortega privó de su libertad por ejercer su derecho a la protesta. A menos de cinco días que culmine el 2021, los familiares de los rehenes políticos no saben si la dictadura permitirá verlos.
