23 jóvenes, entre las edades de 19 a 24 años, permanecen encarcelados en los diferentes penales de Nicaragua por órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La dictadura los tiene privados de su libertad por manifestarse o brindar declaraciones denunciando los atropellos y violaciones a los derechos humanos que ha perpetrado la administración de turno.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al 30 de noviembre contabilizaban 167 reos de conciencia, entre ellos 23 ciudadanos que oscilan entre los 19 y 24 años.
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La juventud fue un factor clave durante las olas de protestas de 2018, pues la mayoría de ciudadanos que salieron a manifestarse en contra del régimen Ortega-Murillo tenía entre 15 a 35 años.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) detalla que se consideran «jóvenes» a toda persona que tenga entre 15 y 24 años. El preso político más joven de la dictadura de Ortega es Freddy Valdivia Hernández, de 19 años, originario de San José de Bocay, Jinotega. Fue detenido un 22 de febrero de 2020 y se encuentra preso en el Sistema Penitenciario «Waswali» de Matagalpa.
La policía sancionada mantiene en prisión a siete ciudadanos que tienen 20 años. Entre ellos están: Marvin Antonio Castellón Urbina, detenido el 23 de marzo 2020; Ángel de Jesús Sequeira Zamora, detenido el 20 de noviembre de 2019; Kevin Antonio Zamora Delgado, detenido el 10 de septiembre 2019; y Adrián Alexander Martínez Arana, detenido el 19 marzo 2020; todos originarios de Managua. Steven Moisés Mendoza, detenido el nueve de marzo de 2020 y Yorlin Efraín Robles Carballo, detenido el 27 de agosto 2020; ambos originarios de Masaya, y Jerling Uriel Cruz Ortiz, originario de San José de Bocay, Jinotega, detenido el 23 de abril 2020.
El joven Ángel Sequeira Zamora fue arrestado junto a su hermano José Gadiel, en primera instancia, bajo la sospecha de detonar una bomba artesanal, sin embargo la Fiscalía los acusó del supuesto delito de tráficos de drogas. Los hermanos Sequeira Zamora trabajaban en un negocio de bordados, impresiones y sublimado de ropas, gorras, pañuelos y símbolos de la lucha azul y blanco; la abogada Yonarquí Martínez detalló que la labor de los jóvenes fue la razón del arresto.
Los jóvenes presos políticos que tienen 21 años son: Misael de Jesús Escorcia Rugama, originario de Matagalpa, detenido el ocho de mayo 2021; Jorge Junior Marenco Rojas, detenido el 17 de junio 2020; Richard de Jesús Martínez Arana, detenido el 19 de marzo 2020; ambos originarios de Managua, y Cinthia Samantha Jirón, de Masaya, detenida el 09 de noviembre 2021.
Cabe resaltar, que el Ministerio Público, a la orden de la dictadura de Ortega-Murillo, acusó a Samantha Jirón por supuestamente «conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional» y por cargos de conformidad con la Ley de Ciberdelitos.
Ezequiel González Alvarado, de 22 años, también engrosa la lista. El joven es originario de Masaya y fue detenido el tres de agosto de 2019 y acusado por el supuesto almacenamiento y fabricación de bombas artesanales.
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Los opositores privados de su libertad y que tienen 23 años son: Lesther Lenin Alemán, detenido el cinco de julio 2021; Gabriel Eliseo Sequeira García, detenido el ocho de marzo 2020 y Kevin Roberto Solís, detenido seis de febrero 2020; todos originarios de Managua. Jeziel David Chavarría Úbeda, detenido el 15 de septiembre 2020; Oliver José Montenegro Muñoz, detenido el 21 de junio 2020, y Dorling Antonio Montenegro Muñoz, detenido el 20 de noviembre 2020, originarios de Wiwilí, Jinotega.
Kevin Solís es uno de los presos políticos que por segunda vez la Policía lo detuvo. Al joven lo detuvieron el seis de febrero de 2020 en las afueras de la Universidad Centroamericana (UCA), anteriormente estuvo en prisión por los supuestos delitos de secuestro, crimen organizado, asalto y exposición de personas al peligro, y actualmente cumple una condena de cuatro años y seis meses de prisión por robo agravado.
Oliver José y Dorling Antonio Montenegro Muñoz son hermanos y presos políticos del régimen de Ortega-Murillo. A Oliver José, la Fiscalía lo acusó del supuesto delito de homicidio frustrado en perjuicio de Juan Carlos García Vásquez y lo condenaron a 10 años de cárcel. Mientras tanto, a Dorling Antonio, lo acusan de los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de tres policías y tenencia ilegal de armas de fuego contra la seguridad pública del Estado de Nicaragua, y debe permanecer seis años en prisión.
En el caso de Lesther Alemán, el Ministerio Público le adjudicó a el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua». El líder estudiantil es dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense y es uno de los rostros opositores conocidos por su aparición en aquella mesa del Diálogo Nacional, en el 2018, donde enfrentó a Daniel Ortega y le gritó una frase que le significaría la peor afrenta al dictador: «¡Ríndase!».
Los presos políticos que ya tienen 24 años son: Ángel Sebastián Martínez Arana, detenido el 19 marzo 2020; Jean Carlos Ríos López, detenido el 24 de marzo 2020; y Bryan Vladimir Cornejo Rivas, detenido el 29 noviembre 2020, todos originarios de Managua; y Moisés Alfredo Leiva Chavarría, de Matagalpa, detenido el 28 de septiembre 2019.
Bryan Cornejo Rivas, miembro del Movimiento Campesino, fue detenido por la Policía nacional por el supuesto delito de robo agravado en contra de un sujeto de nombre Cayro Joshua Anduray Moraga, y la Fiscalía lo encontró culpable del delito y lo condenó a seis años de cárcel.
El opositor matagalpino, Moisés Leiva, fue recapturado por agentes de la Policía y la justicia orteguista le dictó condena por 22 de años de prisión, por el supuesto delito de tráfico de drogas.
El Ministerio Público se ha encargado de «fabricar» delitos a los jóvenes nicaragüenses rehenes de la dictadura. A la mayoría de los presos políticos se les adjudica los supuestos delitos de crimen organizado, tráfico de estupefacientes y otras sustancias controladas, y el transporte ilícito de drogas.
