Las madres de cuatro jóvenes condenados a más de 20 años de prisión por el asesinato de Roberto Carlos García Paladino, hijo adoptivo del tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López, denunciaron la exclusión de los jóvenes de la lista oficial de presos políticos conciliada entre el régimen de Daniel Ortega, la Alianza Cívica y la Cruz Roja Internacional.
La diáspora nicaragüense pidió a los senadores estadounidenses sancionar al dictador de Nicaragua, sus hijos, militares, policías y unos cien colaboradores del régimen, una vez que se apruebe la Ley Renacer.
Los jóvenes Juan José López Oporta, Maycol Enrique González Peña, Fernando José Ortega Alonso y Rommen Fabián Guillén cumplieron el pasado 23 de abril, un año de estar encarcelados. Sus familiares demandaron que sean integrados en la lista de más de 230 personas que serán puestas en libertad como parte de los acuerdos suscritos en la mesa de negociación.
“El régimen Ortega Murillo no quiere aceptar a estos jóvenes como presos políticos y están en la llamada lista de los 54 conocida como la lista de los no vinculados”, explicaron las madres durante una conferencia de prensa en la que denunciaron la maniobra.
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Este caso fue el Primero en ser presentado en los juzgados en el contexto de las protestas de abril del año 2018, y pese a que a lo largo de todo este año el régimen ha tratado a los detenidos como presos políticos, se niega a incluirlos en la lista que es manejada por la Cruz Roja Internacional.
El crimen del hijo de crianza de “Chico” López
El ciudadano García Paladino, hijo de crianza del tesorero del FSLN, fue asesinado la madrugada del 23 de abril de 2018, frente al supermercado Palí de la P del H, en Managua, cuando se registraron los disturbios por los saqueos a supermercados y comercios. Aunque la dictadura ha lanzado todo su aparato policial y judicial contra estos cinco jóvenes, a quienes condenó por el crimen, los vecinos dijeron en aquel entonces, que García Paladino fue asesinado a balazos y luego arrastrado y montado en una camioneta Hilux doble cabina, cuando la víctima intentaba proteger, junto a sus vecinos, el Palí, para evitar que las turbas del orteguismo lo saquearan.
En medio de la confusión, los escuadrones oficialistas habría matado a García Paladino y cuando se enteraron que era familiar del administrador de los negocios del partido de gobierno, no les quedó más que entregar el cuerpo a su madre y cercar el velorio para evitar que entraran medios de comunicación a documentar el asesinato. La familia del muerto jamás dio declaraciones sobre el caso.
