El Ministerio de Gobernación (Migob) informó a los estudiantes de la cancelada Universidad Hispanoamericana (Uhispam), propiedad del empresario sandinista Leonardo Torres, que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) «garantizará… la continuidad y culminación de los estudios universitarios, con calidad y con un costo más bajo».
El mismo Migob fue el que solicitó a los diputados sandinistas ante la Asamblea Nacional que cancelara la personalidad jurídica de la casa de estudios porque supuestamente violó la Ley contra el lavado de dinero e incumplió sus obligaciones con Gobernación.
El 13 de diciembre se consumó la petición del Migob y con el voto favorable de los sandinistas en la Asamblea fue ilegalizada la Uhispam y otro grupo de ONG.
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La Uhispam tenia aproximadamente una población estudiantil de 3 mil 980 jóvenes. Aunque ya no puede seguir en funcionamiento la Uhispam en su página web todavía ofrece cursos para el año 2022.
El Parlamento alegó que dichas organizaciones se encontraban acéfalas, no reportaban sus estados financieros correspondientes con sus desgloses detallados, ni habían presentado los convenios (donantes y ONG) sobre sus proyectos y actividades que definan claramente su fuente de financiación, cartera de proyectos, impacto social de los mismos y si están acorde con los fines y objetivos.
Junto con la Uhispam fueron canceladas la Asociación Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Industria Turística (Cantur), el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), la Federación Coordinadora Superior de Universidades Privadas (Cosup), y Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Acodep), todas asociadas al empresario Leonardo Torres.
Al orteguista Leonardo Torres también le cancelaron la personalidad jurídica a otras ONG que están relacionadas con él. El empresario cayó en desgracia ante sus aliados, pero mantiene su cargo en el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN).
