Como parte de la campaña «Navidad Sin Presos Políticos», la Embajada de Canadá en Nicaragua, Honduras y Costa Rica exhortó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a que libere a los reos de conciencia y reiteró su llamado a la dictadura nicaragüense que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
«Canadá rechaza las continuas, flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Nuestro gobierno reitera el llamado al régimen de Daniel Ortega para que cumpla con sus obligaciones internacionales y libere a todos los presos políticos», escribió la delegación diplomática en su cuenta de Twitter.
El régimen de Nicaragua mantiene en las cárceles del país a más de 160 personas presas políticas que denunciaron las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses desde abril 2018, año en que la dictadura aprobó una fallida reforma al seguro social y los jóvenes salieron a protestar por la derogación de la reforma.
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En otro tuit escribió: «Mientras muchos de nosotros/as nos preparamos para pasar tiempo con familiares y seres queridos, los activistas de derechos humanos y prodemocracia siguen detenidos/as por el régimen de Ortega en Nicaragua. Canadá se suma a los llamados para la liberación de los presos políticos»
Estados Unidos, Canadá y otros países de la comunidad internacional se han unido a la campaña que impulsan los familiares de los reos de conciencia. Además, en reiteradas ocasiones han pedido al régimen Ortega-Murillo que los deje en libertad sin restricciones.
Solución pacífica
La sede diplomática abogó para que la solución de la crisis social, política, económica y de derechos humanos en Nicaragua sea pacífica, pero advirtió que «no puede haber una solución pacífica ni un diálogo con los activistas y líderes nicaragüenses mientras estén tras las rejas».
Canadá ha sancionado a funcionarios nicaragüenses señalados de ser responsables de violaciones a los derechos humanos. Entre los sancionados por Canadá están la presidenta de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense, Alba Luz Ramos; el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo; el superintendente de Bancos e Instituciones financieras, Luis Ángel Montenegro Espinoza; y el viceministro de Finanzas y Crédito Público, Adrián Chavarría Montenegro.
También fueron sancionados los alcaldes de las ciudades de Jinotega, Estelí y Matagalpa, además del presidente del Instituto de Energía de Nicaragua, José Antonio Castañeda Méndez.
