La Embajada de Canadá para Nicaragua, Honduras y Costa Rica se sumó a la campaña «Navidad sin presos políticos» que impulsan los familiares de reos de conciencia que están tras las rejas de la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El régimen de Nicaragua tiene en las cárceles del país a más de 160 personas presas políticas que denunciaron las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses desde abril 2018, año en que la dictadura aprobó una fallida reforma al seguro social y los jóvenes salieron a protestar por la derogación de la reforma.
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«Canadá se une a la comunidad internacional y defensores de derechos humanos quienes solicitan una temporada festiva sin presos políticos», escribió la delegación diplomática en su cuenta de Twitter.
Organizaciones demandan liberación
Cinco organizaciones civiles, integradas por familiares de los opositores que se encuentran detenidos en el marco de la crisis que vive Nicaragua, demandaron el miércoles, 15 de diciembre, la «libertad inmediata, irrestricta e incondicional» de los presos políticos.
«La libertad inmediata, irrestricta e incondicional de nuestros presos políticos es la mínima expresión de respeto a los derechos fundamentales consignados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, y de voluntad para aminorar la crisis en que está sumido el país», señalaron en el comunicado.
En ese sentido, denunciaron ante el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional «que los derechos humanos fundamentales» de sus «familiares continúan siendo vulnerados, tanto para los que tienen más de tres años en los sistemas penitenciarios, como para quienes están en las celdas de máxima seguridad de El Chipote y estaciones policiales».
Estados Unidos, Canadá y otros países de la comunidad internacional se han unido a la campaña que impulsan los familiares de los reos de conciencia. Además, en reiteradas ocasiones han pedido al régimen Ortega-Murillo que los libere.
Sanciones a funcionarios del régimen
Canadá ha sancionado a funcionarios nicaragüenses señalados de ser responsables de violaciones a los derechos humanos. Entre los sancionados por Canadá están la presidenta de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense, Alba Luz Ramos; el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo; el superintendente de Bancos e Instituciones financieras, Luis Angel Montenegro Espinoza; y el viceministro de Finanzas y Crédito Público, Adrián Chavarría Montenegro.
También fueron sancionados los alcaldes de las ciudades de Jinotega, Estelí y Matagalpa, además del presidente del Instituto de Energía de Nicaragua, José Antonio Castañeda Méndez.
