El Parlamento Europeo aprobó este 16 de diciembre la resolución sobre la crisis social y política de Nicaragua, que expone 12 puntos para ejercer presión contra el régimen de Daniel Ortega, y en la que destaca el desconocimiento de la jornada electoral del siete de noviembre, y el inicio de una investigación, a través de la Corte Penal Internacional, contra el Estado de Nicaragua y sus gobernantes, por crímenes de lesa humanidad.
La resolución fue aprobada con el voto favorable de 619 eurodiputados, solo 25 parlamentarios votaron en contra del documento que aísla internacionalmente y ejerce mayor presión a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, pide que todos los Estados miembros puedan supervisar los fondos europeos asignados a través de instituciones multilaterales y financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para garantizar que tampoco por esta vía haya una financiación que pueda reforzar al régimen.
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El 14 de diciembre se discutió la nueva resolución propuesta por los eurodiputados, pero fue hasta este jueves que se acordó el dictamen para Nicaragua. La resolución propone al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que «utilice todos los medios a su alcance para incrementar las sanciones individuales, y denunciar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea», por lo que Nicaragua quedaría aislada de la UE.
Eurodiputados pedirán a la Corte Penal Internacional que investigue crímenes de Daniel Ortega.
En la resolución del Parlamento Europeo también se demanda la liberación «inmediata e incondicional» de todas las personas presas políticas, la anulación de los procesos judiciales y una prueba de vida de todos los reos de conciencia. Esta resolución se da un mes y medio después de las cuestionadas elecciones presidenciales del siete de noviembre de 2021, que consumó el fraude y la permanencia del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo por cinco años más.
Piden al CPI investigue los crímenes de Ortega
El documento del Parlamento Europeo aprobado pide a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que «abran una investigación formal, a través de la Corte Penal Internacional (CPI), contra Nicaragua y Daniel Ortega por crímenes contra la humanidad de los que son responsables el Estado nicaragüense y Daniel Ortega».
Sobre el ejercicio de competencia del Estatuto de Roma, el artículo 13 establece que el Consejo de Seguridad puede remitir al fiscal de la CPI una situación en que parezca haberse cometido crímenes que son competencia de esta Corte. El Consejo de Seguridad puede tomar decisiones y obligar a los miembros a cumplirlas, de acuerdo a lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad en su informe final que abarcó los hechos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, los primeros días de la cruenta represión que ejerció la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los manifestantes pacíficos que exigían la derogación de la reforma fallida al Seguro Social.
Nicaragua y Cuba son los únicos países de América Latina que no han ratificado el Estatuto de Roma. La CPI es el órgano judicial permanente encargado de enjuiciar los crímenes más graves de derecho internacional: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
