En la presentación del informe de trabajo de la Asamblea Nacional de los últimos cinco años, el presidente del Parlamento de Nicaragua, el sancionado Gustavo Porras, reconoció que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en contubernio con su aplanadora de diputados sandinistas, ha creado un «andamiaje jurídico» para la «defensa de nuestra soberanía» con la aprobación de una serie de leyes represivas, consideradas inconstitucionales por los diversos grupos de oposición.
«Venimos poco a poco avanzando en todo el andamiaje jurídico y completando lo que nos hacía falta, principalmente lo que nos hacía falta para la defensa de nuestra soberanía y de la dignidad del pueblo nicaragüense», aseveró el sancionado Porras.
El orteguista Porras siguió el discurso de odio del dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre los presos políticos llamándoles asesinos, golpistas y que están presos por criminales. «Los que están presos no están presos por pensar diferente o por no ser sandinistas, están presos porque destruyeron, incendiaron, asesinatos, golpearon la economía de una enorme cantidad de nicaragüenses y asesinatos a centenares. Pero lo peor, son de aquellos que tiran la piedra y esconden la mano», expulsó furibundo.
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«Tienen la característica de los traidores de siempre, ellos no dieron la cara y creyeron que iban a pasar desapercibidos. Se creían protegidos por el drenaje de dinero que les llegaba para repartir y muchas veces a delincuentes, pero a nicaragüenses pobres. Eso es un crimen doble, triple, pero eso no nos va a asustar. Son los mismos apellidos, es la misma oligarquía. Son exactamente los mismos», añadió.
Porras dijo que de 2017 a 2021 se aprobaron 157 leyes y 599 decretos legislativos, sumando un total de 756 leyes y decretos en el último periodo de la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo.
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El sancionado presidente del Poder Legislativo detalló que en 2017 se aprobaron 207 leyes y decretos; en 2018 fueron 163; 152 en 2019; en 2020 aprobaron 142 y 92 en 2021. «Esto demuestra la persistencia de no interrumpir nuestro trabajo frente a cualquier actividad golpista», enfatizó el orteguista.
A finales de 2020 e inicios de 2021 los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional votaron a favor de un combo de leyes represivas para encarcelar, inhibir y enjuiciar a los opositores que denunciaron las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, periodistas, exdiplomáticos, defensores de derechos humanos, líderes estudiantiles, dirigentes campesinos y feministas.
A la mayoría le imputan el delito de «traición a la patria» o «conspiración para el menoscabo a la integridad nacional», dos de varias figuras jurídicas que fueron creadas para reprimir a las voces disidentes bajo la Ley de Soberanía o la Ley de Ciberdelitos, entre otras.
