La organización internacional Human Rights Watch (HRW) reiteró el agravamiento de la crisis social y política que afecta a Nicaragua, en especial, por las continuas violaciones a los derechos humanos, las que se han acrecentado desde abril de 2018. La situación, denuncian, «se agravó» principalmente durante el proceso electoral, lo que llevó a la consolidación de «un gobierno autoritario».
El organismo emitió su resolución número 46 en la que afirma que «el presidente (Daniel) Ortega fue elegido para un cuarto mandato consecutivo en elecciones que no fueron libres, competitivas ni justas. Durante el proceso, el gobierno detuvo y procesó arbitrariamente a decenas de críticos, incluidos siete candidatos presidenciales. La represión ha continuado y se ha consolidado un gobierno autoritario sin instituciones independientes que puedan poner freno a los abusos del ejecutivo».
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Entre las principales víctimas de la represión estatal se encuentran los defensores de derechos humanos. Igualmente, reportan los encarcelamientos a opositores y precandidatos presidenciales al igual que las cancelaciones de personalidades jurídicas a partidos políticos para eliminarlos de la contienda y obligar a un amplio grupo de miembros de esas agrupaciones a exiliarse ante la persecución desmedida contra opositores.
«La mayoría de los procesos penales contra críticos se sustentaron en acusaciones falsas violando garantías de debido proceso. Muchos estuvieron incomunicados durante semanas o meses en condiciones de detención abusivas», refiere HRW con relación a los presos políticos de la dictadura que fueron encarcelados entre mayo y noviembre de 2021.
Además, piden al Consejo de Derechos Humanos, que forma parte del sistema de las Naciones Unidas, establecer un mecanismo internacional independiente de investigación para reunir y preservar evidencia sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
«Los esfuerzos de la comunidad internacional deben orientarse a lograr que el gobierno libere a quienes están detenidos arbitrariamente», destaca la solicitud del organismo.
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A su vez denuncian las leyes creadas por el régimen para mantener la represión y evitar los procesos democráticos en Nicaragua, leyes aprobadas por «legisladores afines al gobierno, que violan los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, así como el derecho a votar y a postularse a cargos públicos».
Entre las principales víctimas registradas por Human Rights Watch se encuentra la sociedad civil, defensores de derechos humanos, activistas y medios independientes al régimen Ortega-Murillo. Los abusos incluyen actos de torturas y asesinatos que han quedado en la impunidad, asegura la entidad internacional.
