El organismo Hagamos Democracia sostuvo un encuentro virtual con grupos de exiliados nicaragüenses, quienes afirmaron que las graves y constantes violaciones a los derechos humanos ejecutadas por el régimen de Daniel Ortega son la prueba fehaciente para «deslegitimar las votaciones del siete de noviembre».
Esas organizaciones, que conforman el mecanismo de coordinación de grupos de exiliados y la diáspora en Costa Rica, denunciaron una serie de anomalías que el Gobierno de Nicaragua ha realizado antes, durante y después de sus elecciones presidenciales, las que fueron desconocidas por la comunidad internacional.
En el encuentro participó la Asociación Nicaragüense por un Futuro Mejor, que señaló que la jornada electoral desarrolló otra etapa de represión y criminalización a quienes difieren y compiten contra el Frente Sandinista, «tomando de evidencia las noches de miedo que se vivió días antes durante y después de las elecciones, donde se denunció la detención de más de 26 ciudadanos nicaragüenses».
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Jhoswel Antonio Martínez, director ejecutivo del Observatorio de Derechos Humanos de la Asociación Nicaragüense por un Futuro Mejor, informó que durante las elecciones presidenciales en Nicaragua se registraron más de 125 violaciones a derechos humanos.
«Las víctimas fueron en su totalidad opositores, tomando en cuenta también el encarcelamiento de líderes políticos y activistas sociales previo a la jornada electoral, más otras denuncias recibidas por nuestro observatorio como el impedimento de la salida del país a activistas, líderes sociales y disidentes, tras la confiscación arbitraria de sus pasaportes”, afirmó Martínez.
Testimonios de la represión
En el conversatorio del 12 de diciembre, opositores relataron las situaciones sufridas a manos del régimen orteguista, entre las que cuentan las torturas ejecutadas en los penales del país.
«Yo fui uno de los presos políticos capturados en dos ocasiones y en esos secuestros me torturaron en las celdas preventivas de El Chipote viejo (Dirección de Auxilio Judicial en Managua). Ahí me golpearon mis costillas y me decían que dijera la verdad, me preguntaban qué habían hecho los sacerdotes salesianos allá en Masaya, luego fui llevado a La Modelo (Sistema Penitenciario Jorge Navarro, en Tipitapa) y ahí me abrieron dos causas una por Nindirí y una por Masaya, pero lo más doloroso que vive fue que cuando asesinaron a Eddy Montes (preso político asesinado en la cárcel) me echaron gas lacrimógeno en mis partes, en mi pene y en mi ano”, refirió el profesor Gabriel Putoy.
Otro de los testimonios presentado fue el la opositora Susana López, madre del estudiante Gerald López, asesinado el 14 de julio de 2018 en la Iglesia de La Divina Misericordia, durante el «Plan limpieza» que el orteguismo ordenó en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua).
«A 41 meses de su asesinato el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se ha hecho responsable de los crímenes de lesa humanidad que perpetuó en contra de los universitarios después del 18 de abril, esta fecha nos ha marcado porque nos ha dejado dolor y luto. Desde el exilio como madres vamos a seguir exigiendo justicia para que estos crímenes no queden en la impunidad», dijo López.
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Los opositores concluyeron que no se puede legitimar unas elecciones presidenciales y creer en las promesas del régimen cuando se siguen violando los derechos humanos y se mantienen cautivos a más de 160 presos políticos.
En la última comparecencia de Daniel Ortega, durante un acto del Ejército de Nicaragua, no habló del futuro diálogo nacional que prometió a inicio del 2021, más bien se burló de la oposición, de los rehenes de su dictadura y de la Iglesia católica.
