El Observatorio por la Transparencia y Anticorrupción de Colombia realizó una investigación sobre la situación de la pandemia en Nicaragua destacando que es prácticamente «imposible» que durante los primeros 20 meses de pandemia en el país el Ministerio de Salud (Minsa) haya reportado 211 fallecidos por COVID-19 y 5,947 contagios, ya que «ni siquiera existió un plan y medidas que ayudaran a disminuir la propagación y las formas graves».
Señalan que los informes del Observatorio Ciudadano eran más apegados a las realidad «esto (el reporte del Observatorio Ciudadano) es 1,7 veces más casos sospechosos y 28 veces más de muertes que los que reportó el Minsa, cuya cifra es muy baja, probablemente existe un subregistro».
Añadieron que es «improbable que en Nicaragua haya muerto exactamente un ciudadano cada semana desde octubre de 2020».
«Mientras en el resto de países de Centroamérica mueren cada semana entre 6 y 11 personas por cada 10,000 habitantes, en Nicaragua no moría nadie», destaca la investigación a cargo de la organización del gobierno colombiano.
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Afirman que ante esta situación existe «responsabilidad de las autoridades tras la negación de la pandemia en Nicaragua, la falta de toma de medidas, y luego un encubrimiento del mal manejo para vender a la población que el Estado se preocupó por ellos e hizo todo lo posible por salvarlos. Las estadísticas oficiales son escasas, confusas y cuestionadas por la comunidad médica y la Organización Panamericana de la Salud».
Recientemente y ante una nueva alerta sanitaria internacional por la aparición de nuevas variantes de coronavirus, la vicemandataria Rosario Murillo invitó a las familias nicaragüenses a casi cinco mil actividades sin llamar a la reflexión de acatar las medidas sanitarias. Entre esas, se mencionaban ferias, festivales y celebraciones en el marco de las fiestas marianas y decembrinas.
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El observatorio colombiano refirió que la crisis del COVID-19 mostró las debilidades estructurales del sistema de salud nicaragüense, pero «también del régimen político gobernante caracterizado por su autoridad, secretismo y violaciones graves de derechos humanos que han causado una grave crisis humanitaria, una de las más destacables de la región».
A esto le suman el poco acceso que existe en Nicaragua para realizarse las pruebas PCR, cuyo manejo es exclusivo del Ministerio de Salud, y únicamente están disponibles a 150 dólares para quienes viajen fuera del país, personal médico y pacientes graves, lo que vuelve aún más difícil la detección del virus entre la mayoría de los ciudadanos.
Remarcan que en Nicaragua existe un «subregistro» de las muertes y contagios por COVID-19 debido a que «muchos contagios fueron asintomáticos, los tomaron como una gripe común, o no se reportaron como COVID-19». Consideran que el régimen ha ocultado al menos 9,000 muertes en ese contexto.