La Asociación Madres de Abril (AMA), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) coincidieron en que el Estado de Nicaragua, en manos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, continúa «sin reconocer su responsabilidad en el asesinato» de las más de 300 víctimas de la represión desde abril de 2018.
En el evento «Hacia el establecimiento de un proceso de justicia y rendición de cuentas para Nicaragua», los familiares de las víctimas de Ortega y defensores de derechos humanos señalaron que los crímenes de la dictadura siguen impunes y que no existen investigaciones abiertas que persigan y castiguen a los responsables.
Noticia relacionada: Ministerio Público cooperó en los «crímenes de lesa humanidad», revela investigación
«En la búsqueda de justicia, el Estado sigue sin reconocer su responsabilidad en el asesinato de mi hijo y resto de víctimas de la represión. Hemos sido víctimas de una campaña de difamación de parte del Gobierno contra nosotros y la memoria de nuestros hijos; nos acusan de estar inventando las cifras y fabricar muertos. Se refieren a nuestros hijos como delincuentes, terroristas para justificar los crímenes», dijo Josefa Meza, miembro de AMA y madre del joven Jonathan Morazán, asesinado en el contexto de las protestas.
Según Wendy Flores, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, el «deterioro progresivo de la institucionalidad» en Nicaragua data de 1999, año de la consumación del pacto de Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, que permitió la repartición de poderes e instituciones del Estado entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); así como reformas en materia electoral que permitieron reducir el porcentaje de votos hasta 35 % para ganar los comicios electorales en primera vuelta.
«A partir de 2007 inició el desmantelamiento de los poderes e instituciones del Estado, las cuales perdieron absolutamente independencia y autonomía. Se sometieron al Poder Ejecutivo violentando la Constitución Política de la República y decidieron acatar las órdenes del Ejecutivo», señaló Flores.
«La cooptación no solo se ha hecho a nivel de los cuatro poderes del Estado; sino en los gobierno regionales, municipales, comunales y territoriales. Existe una inacción (de parte del Estado) que permite la violación de los derechos humanos de estos pueblos por parte de terceros o personas no indígenas armadas con armas de guerra que el Batallón (Ecológico) y la Policía no detienen», añadió María Luisa Acosta, coordinadora del CALPI.
Flores explicó que otro elemento que da paso a la impunidad es la «corrupción y el nepotismo». «Esta es otra de las causas estructurales que Nicaragua tiene, es el país centroamericano con la mayor percepción de corrupción con 78 puntos, superado solo por Haití y Venezuela, de acuerdo al organismo Transparencia Internacional», señaló.
Noticia relacionada: Ortega cometió crímenes de lesa humanidad, según un informe avalado por la CIDH
Flores manifestó que entre 2015 y 2016, Nicaragua se encontraba entre los primeros 13 países que tenían alto índice de impunidad. «Los asesinatos de abril 2018 hasta la fecha no han sido investigados y por el contrario se aprobó una Ley de Amnistía para paralizar las investigaciones y procesos y dejar en la impunidad los asesinatos cometidos», dijo.
«Hay una partidización de la Policía y El Ejército. Ambos usados para la represión que se ejerce en el país», agregó. También denunciaron la monopolización de los medios de comunicación y el cierre de los principales diarios y televisoras independientes.
«El Estado no ha cumplido con su deber de investigar y castigar a los culpables y hasta la fecha no hay ninguna investigación en curso. Las muertes han sido ampliamente documentadas por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», dijo Meza.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la CIDH documenta con evidencia que, los asesinatos ocurridos entre el 19 de abril al 30 de mayo de 2018 en el contexto de las protestas, constituyen crímenes de lesa humanidad del régimen de Ortega contra la población civil y hacen parte de un plan de acción de las más altas esferas de la dictadura de Nicaragua.
