El orteguista Ministerio Público (MP) actúa como una «institución criminal», revela una radiografía sobre la institución elaborada por Hora Cero. El informe explica que el MP «ha cooperado en la realización de crímenes de lesa humanidad imputables al Estado de Nicaragua», como la encarcelación u otra privación grave de la libertad física, dispuesto en el Art. 7 del Estatuto de Roma.
El informe destaca que, en consecuencia, la Fiscal General de la República, Ana Julia Guido, con todos sus subordinados adquieren responsabilidad penal por los delitos realizados en contra de los manifestantes que acusaron por diversos delitos como terrorismo y crimen organizado en el marco de las manifestaciones ciudadanas.
Dentro de los hallazgos de este estudio se muestra la conexión entre el MP con los procesos de criminalización de las protestas. Esta institución, en su función acusadora, impulsó la vulneración de los derechos y garantías de las personas acusadas al realizar actos que generan resoluciones judiciales transgresoras del debido proceso legal.
Nota relacionada: Estados Unidos sanciona a la fiscal Ana Julia Guido, al asesor presidencial Paul Oquist y a Caruna
En las protestas que iniciaron en abril 2018, la institución fue un instrumento del régimen Ortega-Murillo para ejercer de «forma desmedida» el poder de acusar y crear cargos en perjuicio de los miles de nicaragüenses que protestaron en pleno uso de sus derechos civiles y políticos.
«No solamente no acusó a quienes estuvieron involucrados en las muertes de manifestantes pacíficos, sino que por el contrario llevó a los tribunales a quienes sólo ejercían su derecho a la protesta social. En estos casos políticos surgidos a partir de abril de 2018, la coordinación entre el MP, la Policía Nacional y el Poder Judicial, ha sido eficaz, sobre todo para cubrir las arbitrariedades e irregularidades cometidas por la Policía Nacional durante la fase de investigación en clara transgresión al principio de objetividad al que debe ajustarse», señala el estudio.
Agrega que con la llegada de Ana Julia Guido como Fiscal General de la República se materializó la cooptación del MP debido a la obediencia partidaria y a la subordinación política de esta funcionaria a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Nota relacionada: Este es el historial «político» de los nuevos sancionados por Estados Unidos
El estudio «Ministerio Público: Contra las víctimas por la injusticia» señala que debido a que la actual Fiscal General no cuenta con las cualidades para ejercer el cargo, a su involucramiento directo en la violación sistemática de derechos humanos, en conjunto con otros jerarcas de dicha institución, estos deben ser removidos de sus cargos y ser sometidos a un proceso judicial.
Hora Cero explica que Javier Morazán Chavarría, jefe de la Unidad Especializada Contra los Delitos de Delincuencia Organizada, fue el encargado de crear un grupo de fiscales para acusar a los manifestantes pacíficos e ideó los cargos que se le imputarían a los presos políticos. En el inicio de los procesos penales, hubo varios funcionarios que se rehusaron a seguir lar orientaciones de levantar los cargos contra los manifestantes y decidieron renunciar.
El nueve de octubre de 2020, Estados Unidos sancionó la Fiscal General Ana Julia por conformar un grupo de fiscales para fabricar casos contra los presos políticos y sus familias. Según estos informes, la unidad ha pasado los últimos dos años presentando cargos contra los presos detenidos por protestar pacíficamente.
