Un total de 1.431 armas de fuego, en su mayoría utilizadas para cometer hechos delictivos, fueron destruidas este jueves en El Salvador en cumplimiento de la Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones y Explosivos, informó el Ministerio de Defensa.
El coronel Ricardo González detalló a periodistas que del total de las armas, 913 eran cortas, 467 largas y 51 artefactos de fabricación artesanal e indicó que la cifra general aumentó un 31 % en comparación con las destruidas el año pasado.
Además, apuntó que la mayoría de las destruidas fueron usadas para cometer hechos delictivos y otras “fueron entregadas voluntariamente por sus propietarios”.
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La destrucción se realizó en cumplimiento con la Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones y Explosivos.
El armamento fue trasladado por la institución castrense hasta las instalaciones de una empresa salvadoreña dedicada a la fabricación de hierro, donde se realizó el proceso de fundido, uno de los métodos más seguros para destrucción de acuerdo con fuentes oficiales.
A la actividad asistieron representantes del Ministerio de la Defensa, de la Policía Nacional Civil (PNC), de la Fiscalía General de la República (FGR) y miembros de una organización no gubernamental de Estados Unidos que monitorea procesos de destrucción de armas y explosivos.
Estas personas verificaron y validaron el proceso de destrucción.
A casi un año del lanzamiento del Plan de Control Territorial para enfrentar la delincuencia, el Gobierno de El Salvador asegura que ha incautado más de tres mil armas ilegales y que ha logrado una reducción histórica de los homicidios. Pero el país opera bajo una lógica siniestra: las grandes armas van para quien tiene dinero, acceso y oportunidad. Lo que sobra queda para el crimen callejero de los pobres que matan pobres, como las más de 80 asesinadas con armas de fuego en apenas cuatro días de abril, durante la pandemia de coronavirus.
