El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó este jueves en el hemiciclo de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la República, correspondiente al 2022. El titular del Tesoro nacional, Iván Acosta, presentó un presupuesto de 91,542.5 millones de córdobas en ingresos para el próximo año.
La iniciativa presentada para el siguiente periodo mantiene su fuente principal en los ingresos tributarios alcanzando 84,902.5 millones de córdobas. Esta contabilidad fue enviada a la Primera Secretaría desde mediados de octubre pero fue manejado silenciosamente por la entidad financiera bajo las ordenes del régimen de Daniel Ortega.
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«El Presupuesto General de Ingresos 2022 asciende a C$91,542.5 millones, lo que es mayor en 13.5% (C$10,871.3 millones), respecto al presupuesto aprobado en 2021, siendo su principal fuente los ingresos tributarios con C$84, 902.5 millones lo cual equivale al 92.7% de cobertura del presupuesto, con un incremento de 13.1% (C$9, 801.1 millones), respecto a 2021. En relación al estimado de cierre 2021, los ingresos 2022 son mayores 2.1% (C$1,860.1 millones), y los tributarios aumentan 1.7% (C$1,444.5 millones)», resalta la iniciativa presentada por Acosta.
Acosta aseguró que el presupuesto tiene supuestamente «un alineamiento con el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y alineado con el programa económico financiero del gobierno». El funcionario orteguista insistió en que «Nicaragua durante los últimos años se ha visto afectado por los huracanes ETA y IOTA , la pandemia de COVID-19 y las protestas antigubernamentales del 2018, pero que hay estabilidad macroeconómica y que el país se está recuperando, lo cual se reflejaría en el crecimiento del 8% con que estaría cerrando la economía de Nicaragua en el 2021».
Según el documento presentado, el monto asignado en el 2022 al gasto social es de 52,138.8 millones de córdobas, equivalentes al 56.8% del gasto total. Como asignaciones principales al Presupuesto General de la República del próximo año se encuentran 19,748.5 millones de córdobas al Ministerio de Salud (Minsa). De este total, 3,048.7 millones son para inversión pública.
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A la educación pública Daniel Ortega asignó 15,127.6 millones de córdobas, de los que 1,014.3 millones son para inversiones al Ministerio de Educación (Mined). A la Policía Nacional, principal organo represor de la dictadura, Ortega le destinó 4,048.1 millones de córdobas, mientras que al Ministerio de Defensa 3,046.9 millones.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), otra institución señalada de violar derechos humanos, dispondrá de 3,672.1 millones de córdobas. Al Ministerio de Transporte e Infraestructura le han correspondido 6,749 millones de córdobas; 5,919.1 millones de córdobas al pago de la Deuda Pública ; 725.1 millones de córdobas a la Asamblea Nacional; al Consejo Supremo Electoral (CSE) 1,823.1 millones de córdobas; 1,801.4 millones al INSS; 1,600.8 millones al Ministerio de Hacienda y a Enacal 962.7 millones.
