El nuevo representante ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) Ramón Uriel Pérez Acuña se estrena en su nuevo cargo después de que hace unos meses fuera reemplazado como director general en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Pérez ha escalado gracias a la confianza y devoción que ha mostrado al régimen.
Pérez obtuvo su cargo dentro del Ministerio de Hacienda desde el 2007 y fue separado de su puesto en julio de 2020, cuando lo sustituyó Marlon Antonio Navarrete Mena. Desde su puesto como director general de Crédito Público, Pérez Acuña tuvo la oportunidad de trabajar cerca del ministro sancionado Iván Acosta, con lo que pudo ganarse su confianza, lo que lo ayudó a ascender ocupando el de Acosta luego de que ese funcionario entrara en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
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Un economista que conoció por mucho tiempo a Pérez dijo en declaración al medio de comunicación Confidencial que el nuevo director ante el BCIE, «enseñaba Matemáticas en el Recinto Universitario Carlos Fonseca Amador (Rucfa), de la UNAN-Managua, y entró al Ministerio de Hacienda, en el área de Deuda Interna, cuando el Frente Sandinista volvió al poder. Fue ascendiendo por lealtad partidaria sin tener experiencia financiera o económica. Entre sus subordinados y compañeros tenía fama de buena gente, pero no se le reconocía capacidad».
Pérez desde su puesto otorgado antes de las sanciones a Acosta ya representaba a Nicaragua, ya que asistía a casi todas las reuniones de los organismos internacionales. Especialmente, en las asambleas de gobernadores cuando iba en representación del ministro.
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El ahora embajador ha adquirido sus cargos por su fidelidad ante el régimen orteguista, con este puesto Uriel Pérez asegura un jugoso salario más todos los beneficios como funcionario del BCIE incluyendo cobertura de vivienda, vehículos, seguros de salud y de vida, más extensas vacaciones.
Al nuevo representante le tocará representar al país en medio de una crisis política y económica que se agudiza con la permanencia de los Ortega-Murillo en el poder mediante lo que han denominado «elecciones ilegitimas», señalado ante la comunidad internacional como una dictadura y aislándose cada vez más en el comercio y los tratados internacionales. Este tres de noviembre fue aprobada por la Cámara de Representantes la Ley Renacer que podría hacer posible la expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio, conocido como DR-Cafta.