Quedarse en casa «es una acción política» que refleja la petición de la liberación de los presos políticos que mantiene el régimen de Daniel Ortega y la mejor forma de demostrar que las votaciones del siete de noviembre en Nicaragua son un «proceso fraudulento montado por la dictadura», en eso se basa la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) para unirse al llamado a los ciudadanos a no salir a votar.
María Laura Alvarado, miembro del sector estudiantil, destacó en el país «no hay garantías para ejercer el voto, no hay partidos políticos por los que optar, los candidatos por los que la ciudadanía habría votado están presos y hay más de 150 encarcelados políticos».
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«Cuando se habla de paro electoral, hablamos de una acción política de los ciudadanos sin tener que exponernos. Esta es una acción política donde le decimos a Daniel Ortega; no te queremos en el poder, entendé», expresó Luis Blandón, directivo nacional de la Unión Democrática Renovadora (Unamos). Afirmó que Ortega pretende montar un circo electoral para demostrarle a la comunidad internacional que «nuevamente los nicaragüenses lo eligen a él democráticamente».
En el conversatorio promovido por la CUDJ reiteraron que si no se participa en esas votaciones se le demostraría a los Ortega-Murillo que «más del 70% de la población no los apoya a ellos ni a ninguno de los candidatos y partidos políticos presentados en la farsa electoral». Detallaron que el voto nulo no tendría mucha efectividad por lo que el país no existen garantías de que este será tomado como tal, pero el no presentarse a las juntas receptoras sí demostraría el rechazo.
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Los jóvenes afirmaron que lo principal en el país es la presión interna pues a «Ortega solo le interesa perpetuarse en el poder y no la economía de los nicaragüenses», por lo que las sanciones y leyes aprobadas desde el exterior no harían mucha diferencia en la situación del país, pues el régimen únicamente resguarda sus bolsillos.
Una reciente encuesta de la firma internacional CID Gallup reflejó que el mandato de Ortega obtuvo una desaprobación de niveles «vertiginosos». Según los datos, siete de cada diez ciudadanos reprueban la gestión del dictador resultando como «el peor evaluado por la ciudadanía a nivel centroamericano». En la encuesta la ciudadanía expresó su desconfianza, ya que el régimen «hace poco o nada para su pueblo».