La “falta de garantías y de libertades”, incluida la de información, marcan el proceso electoral en Nicaragua, denunciaron este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (Oacnudh).
En un comunicado, ambos organismos pidieron al Ejecutivo que preside Daniel Ortega, aspirante a una nueva reelección, “eliminar los obstáculos a la plena participación de todas las personas” en los comicios del próximo 7 de noviembre.
El próximo domingo Nicaragua celebrará comicios generales con Ortega como candidato a otra reelección, la cuarta consecutiva y quinta desde 1985, en un proceso prácticamente vedado para los sectores de oposición con posibilidades reales de competir y en medio de denuncias de autoritarismo.
La CIDH y la Oacnudh dijeron en un comunicado que han observado “la intensificación de la represión y las afectaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales en el marco del proceso electoral” nicaragüense.
Así mencionaron, entre otros, “la cancelación de la personería jurídica de tres partidos políticos, la detención arbitraria de siete personas precandidatas a la presidencia”, todos de oposición, lo que “eliminó el pluralismo político que el Gobierno estaba obligado a garantizar en el próximo proceso electoral”.
Noticia relacionada: Enviado de Ortega trata de aparentar «pluralidad política» en la ONU para legitimar sus elecciones
RESTRICCIONES A LA INFORMACIÓN
Ambos organismos expresaron además su “preocupación por la negativa a permitir la entrada en Nicaragua de varios periodistas extranjeros en las últimas semanas, así como por la falta de respuesta a las solicitudes de acreditación realizadas para poder informar sobre el desarrollo de la jornada electoral”.
“Los ataques contra medios y periodistas, tales como el allanamiento de las instalaciones del diario La Prensa, el 13 de agosto, y la detención de su gerente general al día siguiente, restringieron también indebidamente la libertad de expresión y el derecho a la información, que además resultan imprescindibles en períodos de campaña electoral”.
Periodistas de varios medios internacionales han denunciado que las autoridades nicaragüenses les han negado la entrada al país centroamericano para cubrir los comicios.
El corresponsal en México del rotativo francés Le Monde, Frédéric Saliba, denunció que el pasado 16 de octubre, un día antes de su vuelo a Nicaragua, la aerolínea le notificó que su boleto había sido cancelado por decisión de las autoridades nicaragüenses, que alegaron razones migratorias, según publicó el portal Infobae.
La misma fuente indicó que un equipo del diario El Heraldo de Honduras que intentó entrar a Nicaragua fue expulsado pese a que cumplía con los requisitos migratorios exigidos.
“‘No son bienvenidos a Nicaragua’, les dijo un funcionario de migración a los periodistas, según denunció a la Voz de América Carlos Mauricio Flores, director ejecutivo de El Heraldo”, citó el portal digital.
Por otra parte, medios como Telesur, Prensa Latina y Grayzone, que se muestran afines al Gobierno nicaragüense, han podido ingresar sin obstáculos al país, según ha constatado Efe.
Noticia relacionada: ONU aboga por reformas electorales y diálogo en Nicaragua
RESTRICCIONES ARBITRARIAS
La CIDH y la Oacnudh denunciaron además las restricciones arbitrarias contra la libertad de asociación de la sociedad civil, tales como las impuestas por la Ley de Agentes Extranjeros o la cancelación de la personalidad jurídica de 45 organizaciones civiles durante 2021″.
“A esto se añade la prohibición de manifestaciones públicas en el país, en particular de personas y organizaciones consideradas como opositoras al gobierno”, agregaron.
La CIDH y la Oacnudh reiteraron el “llamado al Gobierno de Nicaragua para que restablezca las libertades y condiciones que conduzcan a unas elecciones libres y justas, que deben ser definidas a través de un diálogo inclusivo y constructivo con todos los sectores de la sociedad”.
Para ello, aseguraron, “es imprescindible que el Gobierno restablezca el Estado de Derecho, libere a todas las personas detenidas arbitrariamente, y cese los ataques contra personas y organizaciones consideradas como opositoras al gobierno, los medios de comunicación y la sociedad civil”.
