Analistas internacionales y exiliados nicaragüenses coincidieron este sábado en un foro virtual en que la crisis en Nicaragua probablemente se agudizará tras los comicios del 7 de noviembre próximo, en los que el dictador Daniel Ortega busca otra reelección.
En el “Foro sobre las implicaciones y cómo conseguir la ilegitimidad del fraude electoral del 7 de noviembre”, representantes de la organización Nicaragüenses en el Mundo (NEEM), del American Institute for Democracy, y de Acción Penal, afirmaron que los comicios solamente serán un trámite, y que los problemas del país podrían incrementarse.
“El pueblo de Nicaragua tiene claro de que el 7 de noviembre ya fue, ya sabemos qué es lo que va a pasar. Nicaragua entra en un caos, porque el régimen tiene una estrategia bien clara, que es el poder o la muerte (…) implica más gente saliendo al exilio, más presos políticos, más persecución, más incertidumbre y más desesperanza, eso nos espera en materia de derechos humanos”, dijo la presidenta de NEEM, Haydée Castillo.
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Según datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), más de 108.000 nicaragüenses salieron de su país entre 2018 y 2020, huyendo de la crisis socio-política.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce que en Nicaragua hay 155 “presos políticos”, incluyendo 39 líderes opositores, empresarios y profesionales independientes, siete de los cuales aspiraban a competir con Ortega por la Presidencia en las próximas elecciones.
Para el director ejecutivo del American Institute for Democracy, el exministro de Gobierno y de Defensa de Bolivia Carlos Sánchez Berzain, el panorama de Nicaragua es el mismo de Cuba, Venezuela o Bolivia.
“Ese no es un proceso ni un fenómeno exclusivamente nicaragüense, obedece a una metodología expandida por la región por el denominado socialismo del siglo XXI o ‘castrochavismo’, liderado por Cuba, con su plataforma principal en Venezuela y que controla los Gobiernos de Bolivia y Nicaragua”, señaló Sánchez Berzain.
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El boliviano aplaudió la decisión de la oposición de promover que los nicaragüenses no acudan a las urnas el día de las votaciones, ya que, desde su punto de vista, eso impediría que se presenten las elecciones “como si fuera un proceso democrático”.
El jurista Boanerges Fornos, coordinador de la organización Acción Penal, destacó que en Nicaragua votar no es obligatorio, y que los nicaragüenses pueden abstenerse de ejercer ese derecho debido a que “sabemos que hay votaciones pero no tenemos certeza de poder elegir”.
Agregó que la falta de votantes daría pie a que el gobierno electo pueda ser declarado “ilegítimo” por la comunidad internacional, con lo cual estaría expuesto a enfrentar procesos legales como el Tratado de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, o ser excluido de los mecanismos financieros internacionales
Sánchez Berzain resaltó que esa es la forma moderna de acabar “con las dictaduras”.
Más de 4,4 millones de nicaragüenses mayores de 16 años están aptos para votar en las elecciones de noviembre, en las que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con Ortega a la cabeza, es el favorito a ganar sobre otros seis partidos.
