Nicaragua volvió a ser tema de discusión ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Nuevamente 26 países aprobaron una resolución que demanda la liberación de los más de 150 presos políticos, la celebración de elecciones libres, deja abierta la posibilidad que la OEA adopte medidas alternas para el restablecimiento de la democracia en el país y que el tema de Nicaragua se aborde en la Asamblea General en menos de un mes.
El representante de Nicaragua rechazó la sesión de la OEA. Luis Alvarado dijo que no participarían de la reunión del Consejo Permanente porque «lesiona la soberanía» del país centroamericano. También negó que en el país existan presos políticos, que los detenidos son procesados por haber violado las leyes del país y solo están respondiendo por sus crímenes. Aseguró que los encarcelados recibían financiamiento de naciones extranjeras.
La resolución hace un llamado a la liberación de los presos políticos, al mismo tiempo que constata el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Además, urge a la dictadura Ortega-Murillo a adoptar medidas urgentes para la celebración de elecciones libres, transparentes y justas, tan pronto como sea posible, bajo observación internacional de acuerdo con los principios de la Carta Democrática Interamericana.
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El documenta también deja abierta la posibilidad de que la OEA adopte otras medidas y se remita el tema a la próxima Asamblea General que se celebrará en menos de un mes.
Issa Kort, embajador de Chile ante la OEA, uno de los patrocinadores de la resolución, explicó que la inclusión de la situación de Nicaragua en la agenda de la sesión no es para juzgar o «condenar a nadie, ya que estaríamos faltando a un debido proceso tal como no lo han tenido centenares de líderes y ciudadanos de Nicaragua, que hoy están tras las rejas con el tan solo hecho de pensar distinto».
El representante chileno expresó que existe una «preocupación transversal y genuina» de distintos países sobre el escenario político y humano que viven los nicaragüenses y que es «urgente decir y hacer algo» porque «nuestro silencio es incomprendido por miles de familias nicaragüenses» que demandan y esperan que la OEA reflexione y se pronuncie.
Nicaragua vive sumida en una crisis social, política y económica desde abril 2018, cuando el régimen Ortega-Murillo reprimió a sangre y fuego las manifestaciones sociales de la población que protestó en las calles por las reformas fallidas al seguro social y la inacción de la dictadura para atender el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz que consumió centenares de hectáreas de bosque.
A finales de 2020 e inicios de 2021, el dictador Daniel Ortega ordenó a la aplanadora de diputados sandinistas aprobar una serie de leyes antidemocráticas para perseguir, inhibir y encarcelar a los principales líderes opositores, reprimir e intimidar a periodistas y allanar el camino para instaurarse como el candidato único en la boleta electoral del siete de noviembre, acompañado de los partidos que son señalados como colaboracionistas.