El Movimiento Campesino espera que la Ley 840 o Ley canalera creada en 2014 para la construcción del supuesto proyecto marítimo del canal interoceánico en Nicaragua por fin sea derogada, tras la expulsión de la Bolsa de Valores de Shangai del empresario Wang Jing y su grupo Xinwei con quien Daniel Ortega había negociado para realizar este proyecto.
El directivo del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, Nemesio Mejía, dijo en entrevista al medio internacional Voz de América que «la pareja presidencial tiene la responsabilidad de proteger el patrimonio de los campesinos del país». Ortega creó la cuestionada «Ley Canalera» con la amenaza de quitar cuanta propiedad fuera necesaria, incluso si se encontraba fuera del área entregada en concesión para la construcción del megaproyecto valorado en 50 mil millones de dólares y del cual no se ha recibido ningún avance.
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«Siento que el sector campesino desarrolló un papel muy importante porque le dio vida a Nicaragua, porque nos opusimos a algo que era ilegal, a algo que no iba a funcionar, ese sector le dio cátedra a Daniel Ortega, y yo creo que el Gobierno debería ser humilde y reconocer que se equivocó con un desconocido que le robó y ahora tiene que asumir responsabilidades que el mismo es culpable», añadió Mejía.

Los campesinos reactivan su demanda luego de que la semana pasada se conociera la expulsión del empresario chino, Wang Jing, a quien el gobierno de Daniel Ortega le entregó en concesión de extensas áreas del territorio nacional hasta por 50 años. La Bolsa de Valores de Shanghai ordenó sanciones contra el grupo Xinwei por promover una gigantesca estafa por 31 mil millones de dólares a partir de que anunció en 2013 que en Nicaragua se construiría un megaproyecto canalero.
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La aprobación de este proyecto a cargo del empresario provocó reacciones de molestia especialmente de los campesinos pues existía riesgo de desarraigo de sus propiedades con las que subsistían, esto ocasionó que se realizaran numerosas de marchas en contra de la iniciativa promovida por la dictadura orteguista, las que fueron reprimidas.
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Estas marchas campesinas anticanal fueron las primeras grandes manifestaciones que enfrentó el régimen de Daniel Ortega desde que tomó el poder nuevamente en 2007. Los campesinos demandaban el respeto a sus derechos, a la tierra y a sus patrimonios.
Francisca Ramírez, quien fue una de las líderes de las protestas campesinas, ahora se encuentra en el exilio y asegura que «los campesinos nunca nos dejamos estafar, luchamos, hicimos nuestros propios esfuerzos, usamos nuestro propio dinero, pero lo logramos que no se nos quitará ni una cuarta de tierra».