La justicia del régimen decidió no continuar con el trámite del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) en su intento por recuperar su personería jurídica. El Tribunal de Apelaciones de Managua revocó la resolución que admitía el recurso de amparo interpuesto por el partido político en contra de los magistrados electorales por la cancelación arbitraria de su personalidad jurídica.
El cambio de decisión se realizó en cuestión de horas y en la nueva resolución, los magistrados del TAM argumentan que el Consejo Supremo Electoral no violó los derechos constitucionales de la organización política.
Noticia relacionada: Régimen destituye de su cargo al magistrado Gerardo Rodríguez por admitir recurso de amparo de CxL
Por su parte, el CxL señala que los magistrados solo acogieron las consideraciones de fondo planteadas por las autoridades sandinistas del Poder Electoral, y no hicieron referencia alguna al cumplimiento o no de los requisitos de forma, como le corresponde a ese órgano.
La dictadura de Daniel Ortega destituyó de su cargo al magistrado Gerardo Rodríguez, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), después de haber admitido el recurso de amparo contra los magistrados del CSE por la cancelación de la personalidad jurídica del partido CxL.
Fuentes judiciales confirmaron al diario La Prensa que desde el cuatro de octubre las autoridades le negaron a Rodríguez el ingreso a su oficina y despidieron a todo el personal que tenía a su cargo. A su vez informaron que la casa del funcionario fue allanada el pasado sábado, 2 de octubre.
Berta Valle, esposa del aspirante presidencial y preso político Félix Maradiaga, denunció las violaciones a los derechos y libertades cometidas por la dictadura de Daniel Ortega, y lamentó que «no ha habido un actuar a tiempo» de parte de la comunidad internacional para detener los abusos.
La denuncia la elevó ante el Foro de la Libertad de Oslo que se lleva a cabo en Miami, Estados Unidos, con la participación de activistas de derechos humanos y opositores de todo el mundo. Valle declaró que «cientos de nicaragüenses han sido capturados, están desaparecidos, en prisión o han sido asesinados» y, en los últimos meses, «el régimen ha emprendido un brutal ataque contra la verdad».
La Asociación Madres de Abril (AMA) denunció que el proceso electoral que organiza la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es «totalmente ilegítimo» y desde ya anunciaron que «desconocerán» los resultados de los comicios generales que están programados para el próximo siete de noviembre.
La organización indicó que «el régimen pretende perpetuar un Estado de impunidad, crisis sanitaria, corrupción y barbarie por medio de todo el aparataje gubernamental, incluyendo sus fuerzas represoras policiales, militares y paraestatales», y se sumó a la petición para que una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja constate el estado de salud de los presos políticos.
Noticia relacionada: Madres de Abril desconocen «remedo» de elecciones de Ortega: Son «totalmente ilegítimas»
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) llamó a la ciudadanía a no participar en las próximas elecciones presidenciales previstas para el siete de noviembre. La organización invitó a los votantes a quedarse en casa y no legitimar ni aceptar los resultados porque señalan que se trata «fraude electoral en curso».
Los integrantes de la UNAB hicieron el llamado en el marco del tercer aniversario de su fundación, en el que se comprometieron a continuar luchando por la libertad inmediata de los presos políticos, y lograr que la comunidad internacional presione a la dictadura por un elecciones libres y observadas.
Roberto Rivas Reyes, exmagistrado electoral sancionado por Estados Unidos por corrupción o abusos a los derechos humanos, se encuentra en cuidados intensivos al presentar síntomas asociados al COVID-19. Fuentes extraoficiales revelaron a Artículo 66 que Rivas fue ingresado la mañana del domingo, tres de octubre, al Hospital Vivian Pellas en Managua, y alrededor de la una de la tarde lo intubaron. Sus dos hijas también habrían sido contagiadas del virus.
Rivas es señalado de actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y ser responsable de varios fraudes electorales que facilitaron la permanencia ilegal y abusiva de Daniel Ortega en el poder. En diciembre de 2017, fue sancionado con la Ley Global Magnitsky y en consecuencia, incluido en la lista negra de criminales, narcotraficantes, corruptos y violadores de derechos humanos en el mundo.