En la conmemoración de su tercer aniversario de fundación, la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) llamó a la ciudadanía a no participar del «fraude del siete de noviembre», a quedarse en casa y no legitimarlo «ni aceptar sus resultados». La organización explica que este llamamiento a la población es parte de su «compromiso por Nicaragua».
El grupo político explicó que son «conscientes» del momento histórico que vive Nicaragua y que, en coherencia con sus principios de democracia, justicia y libertad quieren dejar «patente» su rechazo al «fraude electoral en curso» ante la opinión pública nacional, a toda la ciudadanía y a la comunidad internacional.
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Entre los compromisos que reafirmó la Unab están: lograr la libertad inmediata y sin restricciones de todas las personas prisioneras políticas; alcanzar el no reconocimiento internacional del fraude que culmina con las votaciones previstas para el próximo 7 de noviembre; promover y participar activamente de los esfuerzos en curso para lograr una amplia y diversa confluencia, de todas las fuerzas políticas y sociales democráticas, interesadas en salir de la dictadura.
El organismo también se comprometió a «movilizar» a la comunidad internacional, a las organizaciones financieras internacionales y a la sociedad civil global para la «implementación de todas las herramientas de presión posibles para lograr un proceso electoral en Nicaragua que sea libre, participativo, observado y transparente» y que no se repita otro «fraude electoral en el país.
Trece líderes de la organización permanecen en la cárcel desde mayo. Los detenidos son Félix Maradiaga, Violeta Granera, Tamara Dávila, José Antonio Peraza, Róger Reyes, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres, Alex Hernández, Irving Larios, Dora María Téllez y Yader Parajón, cuatro de ellos son miembros del Consejo Político.
La Unab se alistaba para participar del procesos electoral cuando la dictadura le asestó una estocada al Partido de Restauración Democrática (PRD) de Saturnino Cerrato, que sería el vehículo de la Coalición Nacional (CN), arrebatándole la personalidad jurídica, unos días antes, el Consejo Supremo Electoral (CSE), lo hizo con el Partido Conservador (PC) y después con Ciudadanos por la Libertad (CxL), eliminando así todo resquicio de oposición.