Tras nueve años de que la dictadura de Daniel Ortega firmara contrato con Wang Jing, bajo su firma Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND-Group), para realizar lo que sería el megaproyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua, al empresario chino no se le volvió a ver la cara nuevamente y la obra solo quedó en el papel.
Pero pese a esto, el régimen sigue destinando millones de córdobas para la desaparecida Autoridad del Gran Canal Interoceánico, entidad creada bajo la Ley 840 y el cual representa al Estado de Nicaragua para “supervisar la conservación, mantenimiento, mejoramiento y modernización de el Gran Canal Interoceánico“, sin que rinda cuenta hacia dónde va todo ese dinero que es pagado del impuesto de todos los nicaragüenses. Hasta la fecha no hay una piedra o una sola obra en Brito, localidad costera del Pacífico, en el municipio de Tola, que indique al menos el inicio de proyecto fallido.
De acuerdo a datos del Presupuesto General de la República, en estos nueve años el régimen le ha inyectado 45 millones 114,500 córdobas a la entidad fantasma Autoridad del Gran Canal Interoceánico.
En el siguiente gráfico puede observar cómo el gobierno de Ortega le entrega a esa entidad vía presupuesto, a través de la partida de “Asignaciones y subvenciones”, mediante el apartado de “gasto corriente” del tesoro nacional esta millonada, la que ha venido creciendo año con año.
Según publicaciones del diario La Prensa, en el 2019 logró constatar que la oficina donde operaba la firma —en la residencia privada de Manuel Coronel Kautz, presidente de esa entidad— ya no estaba funcionando.
El ambientalista y presidente de Fundación del Río, Amaru Ruiz, explicó en el programa En Contacto, de Artículo 66, que la dictadura mantiene vigente la idea del canal a pesar que en uno de los artículos del Acuerdo Marco de Concesión establece que si en determinada fecha no se construía el proyecto, inmediatamente se debería de derogar todas las consideraciones establecidas, tanto en el acuerdo como en la Ley.
Noticia relacionada: Cinco sancionados entre los pioneros frustrados del «Gran Canal» por Nicaragua
“Al cumplir estos (nueve) años, nosotros nos posicionamos diciendo que se debería de derogar la Ley 840, sin embargo no lo han hecho y lo que hemos visto es que año con año salen del Presupuesto General de la República hacia el financiamiento de esta comisión del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua”, rechazó Ruiz.
La clausula 15.2 del acuerdo marco de concesión que firmó el Ejecutivo establece que, de no efectuar en un plazo de 72 meses el proyecto el gobierno o patrocinador correspondiente tendrá el derecho de terminar la concesión para tal subproyecto.
¿Qué se sabe de los fondos?
Telémaco Talavera, quien fuera vocero del proyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua y actualmente es otro desaparecido, en el 2018 manifestó que aún soñaba con la realización de esta obra, sin embargo, cuando periodistas lo increparon acerca del avance del Canal y sus fondos, el funcionario se limitó a decir que “eso se verá en su momento”.
De acuerdo a una explicación de un economista, quien fue consultado en su momento sobre este tema por La Prensa, los fondos destinados a esta entidad, aunque sea fantasma, son “legales” debido a que aún no se ha derogado la ley del Gran Canal. «Mientras no haya una derogación del decreto vamos a seguir con el mismo problema», señaló el economista a ese medio.
«Lo ilegal es que no dan razones en qué se utiliza, cómo se utiliza y para qué se utiliza (los fondos). La Ley se aprobó, nunca ha sido derogada y no se han preocupado los diputados de la Asamblea Nacional en hacer una derogación de algo que es una utopía, es decir, nunca se va a dar», agregó.
Noticia relacionada: “Daniel Ortega te equivocaste, los campesinos no queremos el Canal”
Al respecto, Ruiz también destacó que “ese rango” le permite a la entidad tener una partida presupuestaria. “Lo que nosotros no conocemos y me imagino que la Contraloría, que es la que debería de dar supervisión a esos temas, se hace el ciego, sordo y mudo porque no sabemos hacia dónde van esos gastos, es muy difícil saber cuando hay un hermetismo alrededor de los gastos, pero además, para qué está sirviendo esa Comisión del Gran Canal, porque si no hay proyecto, no hay Acuerdo Marco de Concesión porque ya se derogó por si mismo porque no cumplió Wang Jing con los tiempos, no hay ejecución real, entonces por qué mantener eso”, cuestionó el presidente de la Fundación del Río.
Orteguismo revive otro proyecto
“Hay un cuestionamiento alrededor hacia dónde van esos siete millones de córdobas. A pesar que el Gran Canal Interoceánico como proyecto grande no se estableció, lo que ha hecho el régimen es ir vendiendo los subproyectos —recordará que era el canal y 11 subproyectos que ya solo uno de ellos es gigante y los está tratando de vender como parte del paquete— y es por eso que nosotros pensamos que por eso no han derogado la Ley 840, quieren utilizar el andamiaje jurídico que les dejó el Canal Interoceánico para ir vendiendo de manera particular los subproyectos que estaban establecidos”, declaró Ruiz.
Uno de los subproyectos a los que se refiere el ambientalista es el del Puerto de Aguas Profundas, que según expresó, tiene información de que esta obra avanza en la zona de Bluefields, Costa Caribe Sur. “Incluso por eso mismo es que no reconocieron todo el territorio de los creole de Bluefields porque no querían entregar esos territorios y después pedir todos los permisos necesarios para la construcción del puerto de Aguas Profundas que ya ha iniciado con algunos estudios y que lo está dirigiendo la Empresa Portuaria Nacional (EPN)”, dijo Ruiz.
El proyecto de un Puerto de Aguas Profundas es una promesa que se anunció desde la llegada al poder de Ortega en 2007 y fue hasta 2018 cuando oficialmente se informó de estudios de factibilidad para esa obra.
¿Puerto de Aguas Profundas está enmarcado en la Ley del Canal?
“El Acuerdo Marco de Concesión, que es un documento anexo a la Gaceta y a la Ley 840, estableció la aprobación de varios subproyectos y no solo el tema del Canal y en la misma ley se hablan de estos subproyectos, no son mencionados tácitamente, pero sí te hablan de los subproyectos, así que evidentemente ese andamiaje jurídico puede permitir que yo le venda al mejor postor o a mi socio cualquiera de estos subproyectos, que deben de pasar por algunos estudios y requerimientos que fueron señalados en su momento”, aclaró el ambientalista.
El 14 de junio de 2013, Ortega y Jing firmaron el Acuerdo Marco de Concesión en la que el dictador le concedió al empresario chino la potestad sobre la soberanía nicaragüense por un periodo de 100 años. El 7 de julio de 2014, HKND y el régimen anunciaron la ruta definitiva del Gran Canal, que partiría en dos al territorio nacional y comenzaba en el istmo de Rivas, atravesaba el lago Cocibolca, hasta llegar a Punta Gorda en el Caribe Sur.
Desde el anuncio de este proyecto, el campesinado nicaragüense se opuso rotundamente y libró una batalla contra las autoridades para evitar que se tomaran sus propiedades. Pese a esto, el régimen expropió sus tierras y obligó a familias enteras a exiliarse, como fue el caso de la líder campesina Francisca Ramírez, conocida como “doña Chica”, quien desde septiembre de 2018 huyó hacia Costa Rica por la represión del régimen.
Nueve años después, “la obra de ingeniería más grande del mundo” —a como la catalogó la dictadura orteguista—, solo ha quedado en un “cuento chino”, el cual, hasta el día de hoy siguen pagando los nicaragüenses.