El orteguista Consejo Supremo Electoral (CSE) redujo considerablemente los Centros de Votación y Juntas Receptoras de Votos (JRV) para los próximos comicios generales del siete de noviembre. Si tomamos en cuenta el aumento del Padrón Electoral en más de 800 mil votantes, las recomendaciones de distanciamiento físico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el creciente número de casos de Covid-19 en el país, esta medida del CSE causaría aglomeración de votantes y, en consecuencia, un mayor número de contagios del mortal virus.
El Poder Electoral habilitará 3 mil 106 Centros de Votación para esta elección, 1 mil 202 Centros menos que los registrados para las presidenciales del 2016 cuando instaló 4 mil 308 puestos de votación en todo el país. La cantidad de JRV también fue disminuida en 1 mil 122 en relación a los comicios del 2016 cuando autorizó 14 mil 581, mientras que este año facultó 13 mil 459 JRV en el territorio nacional.
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Estas cifras del CSE podrían ser diferentes si tomamos en cuenta que el Padrón Electoral, entre las dos últimas elecciones presidenciales, presentó una variación de 821 mil 528 votantes nuevos que están aptos para ejercer su derecho al sufragio. Lo que se esperaría es que el Poder Electoral autorice nuevos Centros de Votación y JRV por los nuevos votantes, pero observamos que sucede todo lo contrario. Si la mayoría de los ciudadanos deciden ir a votar el próximo siete de noviembre, los puestos de votación se convertirían en potenciales focos de infección del virus.
El «ratón loco»
El CSE fijó la cifra de ciudadanos aptos para votar en estos comicios nacionales en 4 millones 478 mil 334, lo que implicaría un promedio de 332,7 votantes por cada JRV, 82 votantes más por junta que la media en las pasadas elecciones generales de 2016. Hace cinco años el padrón final fue de 3 millones 656 mil 806; 250,7 votantes por JRV una cifra mucho menor que en 2021.
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Partidos políticos señalaron que la eliminación de 1 mil 202 Centros de Votación y 1 mil 122 JRV revive el famoso «ratón loco» que aplicó el CSE, en coordinación con el partido de gobierno, a miles de opositores en el interior del país para que no pudieran ejercer su derecho al sufragio. Los ubicaban en lugares alejados de sus domicilios.
El «ratón loco» es un procedimiento tramposo que se viene practicando en Nicaragua desde las elecciones municipales de 2008, las primeras que se hicieron bajo la nueva administración dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo y el sistema electoral del sandinista.
Ortega eliminó competencia
El dictador Daniel Ortega ordenó al CSE cancelar la personería jurídica a tres partidos políticos que eran considerados de oposición. El primero fue el Partido Restauración Democrática (PRD), de Saturnino Cerrato. Con esta movida dejó sin casilla a la Coalición Nacional. El segundo fue el Partido Conservador (PC), de Alfredo César Aguirre, el partido político más antiguo de Nicaragua; y el tercero fue el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) que ya se había inscrito para participar en las elecciones. A la presidenta de CxL también le cancelaron su cédula de identidad nicaragüense y pasaporte a solicitud del Partido Liberal Constitucionalista, uno de los grupos colaboracionistas del régimen.
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La dictadura Ortega-Murillo allanó el camino para ir a elecciones el siete de noviembre sin las mínimas condiciones, con candidatos desconocidos en los partidos zancudos, siete precandidatos presidenciales presos, más de un centenar de rehenes políticos y asedio permanente a los liderazgos opositores.
Los llamados de la comunidad internacional
El pasado nueve de septiembre la Unión Europea (UE) emitió una declaratoria en la cual señala que Daniel Ortega y Rosario Murillo quieren ganar las elecciones del siete de noviembre «sin competencia», esto tras la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) de cancelar la personalidad jurídica de CxL.
El cinco de agosto, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, aseguró que en Nicaragua no hay condiciones para celebrarse unas elecciones justas y libres cuando se arresta a un amplio número de opositores y que usarán todas las «herramientas necesarias» como las sanciones, diplomacia y el trabajo con otros países de la región para lograr las condiciones necesarias para que se den en Nicaragua unos comicios observados y transparentes.