A menos de dos meses de las eventuales comicios generales en Nicaragua, el siete de noviembre de 2021, la opositora Articulación de Movimientos Sociales llamó a unirse al paro electoral para que no «haya participación ciudadana» como un mecanismo de protesta cívica no solo contra el régimen de turno sino también contra los partidos «zancudos, colaboracionistas». «Que nadie salga de sus casas», es el llamado de la agrupación.
A través de un video difundido en sus redes sociales este 14 de septiembre, la organización argumenta en su campaña que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo representa «impunidad, continuación en la cárcel de los presos políticos, más represión e incremento del exilio».
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«Aunque los ciudadanos decidan ejercer su derecho al voto, votando nulo o dejando la boleta en blanco, su voto será sumado a favor del régimen, pues el Consejo Supremo Electoral contará los votos y es una institución servil destinada a garantizar la continuidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder», remarcan.
La Articulación considera que si los nicaragüenses salen a votar ayudarán a Ortega a «maquillar la foto para mostrar a miles de personas en las Juntas Receptoras sin respetar el valor de su voto. La ciudadanía nicaragüense no debe ser usada en la farsa del siete de noviembre». La agrupación repudia que trabajadores del Estado sean obligados a ir a las urnas.
De cara al proceso, las instituciones estatales al servicio del orteguismo implementaron una nueva cacería que dejó de mayo de 2021 a la fecha 36 presos políticos más que se suman a los más de 130 que ya la administración de turno tenía como rehenes. Entre los nuevos detenidos, hay siete precandidatos presidenciales, periodistas, líderes estudiantiles y del movimiento campesino, banqueros, empresarios, reconocidas activistas y exguerrilleros sandinistas.
La entidad resalta que la continuidad de la pareja presidencial traería consigo una amenaza todavía peor para los medios de comunicación independientes que derivaría en la «desaparición» de los que aún sobreviven.
Igualmente, indican que en el ámbito económico simbolizaría más desempleo e incremento del precio de la canasta alimentaria y el combustible. El «peligro» seguiría latente ante el posible aumento de femicidios y crímenes en territorios indígenas, los que por lo general quedan en la impunidad.
Asimismo, aprovechan para denunciar la inoperancia de las autoridades frente a la pandemia del COVID-19, lo que además pone en riesgo al personal sanitario, al que tampoco se le garantizan los equipos necesarios para su protección. Reprochan que en medio del rebrote, el régimen continúe llamado a aglomeraciones facilitando la probabilidad de más contagios.
