El Ministerio de Salud (Minsa) registró el número más alto de contagios por COVID-19 en Nicaragua. El informe semanal, que comprende del 31 de agosto al siete de septiembre, reporta un total de 615 nuevos casos; sin embargo, la institución insiste en que solo hay un fallecido a la semana.
Con estos datos, el país reporta, de manera oficial, más de 12 mil contagios y 201 fallecidos a causa del virus desde marzo de 2020. Muy por debajo de los 23 mil casos y cuatro mil muertes que registran los médicos independientes.
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Por su parte, el mandatario Daniel Ortega celebró que la población “salga a las calles” porque, según él, la cuarentena representa un “encarcelamiento” obligado que, en otros países, provocó más muertes y problemas en las relaciones familiares.
El régimen de Nicaragua sustituyó a sus diplomáticos en El Salvador. Mediante Acuerdos Presidenciales, Daniel Ortega dejó sin efecto el nombramiento de Gilda Bolt como embajadora en ese país, quien ya había ejercido el mismo cargo años anteriores y quien apenas llevaba seis meses en el puesto desde su reintegro en marzo. Ortega prefirió dejar en El Salvador a una cónsul, Xiomara Ibarra Herrera.
La Cancillería también apartó al entonces consejero con funciones consulares Maher Hani Rinawi, y nombró a Luis Alberto Molina Cuadra como ministro consejero con funciones consulares. Molina Cuadra es uno de los “hombres” de Ortega en sus relaciones con Moscú. Fue embajador ante Osetia del Sur y Rusia; y ejerce como viceministro de Exteriores para los países de Europa del Este y Asia Central. Ahora, es enviado al país de Nayib Bukele.
El Ministerio Público pretende lograr una condena penal contra el periodista de la crónica deportiva nicaragüense Miguel Mendoza, presentando como “pruebas del delito” varios mensajes publicados en las redes sociales del comunicador. La misma táctica habría sido aplicada contra el periodista Miguel Mora.
El régimen está utilizando las opiniones y análisis político emitidos, a través de las redes sociales y medios de comunicación, por los más de 30 dirigentes opositores encarcelados. Y luego de ser arrestados bajo la Ley orteguista 1055 que acusa a los opositores de “traidores de la patria”, ahora los acusa amparándose en el Código Penal por otros delitos.
Ángel Gabriel Rocha Amador, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y del Movimiento 19 de Abril, informó de su exilio en Estados Unidos. «La travesía», a como lo califica el opositor, duró 21 días. Asegura que fueron momentos difíciles, pero tuvo que tomar la decisión para preservar su libertad y la seguridad de su familia ante la persecución contra opositores.
Medardo Mairena junto a Freddy Navas, ambos excarcelados políticos. Foto: Cortesía
Este martes se llevaron a cabo las audiencias iniciales en contra de cuatro presos políticos: Los líderes campesinos Medardo Mairena y Freddy Navas; el dirigente estudiantil Max Jérez, y el politólogo José Antonio Peraza. Los opositores son acusados por el supuesto delito de “conspiración” para cometer menoscabo a la integridad nacional. Las causas fueron remitidas a juicio y la justicia del régimen decidió mantenerlos en prisión.
A su vez, el opositor Yader Parajón, de 30 años, originario de Managua, se convirtió en el preso político número 36, encarcelado a las puertas de las elecciones generales previstas en noviembre. Parajón fue detenido el cuatro de septiembre cuando intentaba salir del país, debido a la persecución del régimen contra opositores.
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Según el Ministerio Público, el siete de septiembre se le realizó una audiencia especial en la que determinaron encarcelarlo hasta por 90 días, mientras se encuentra bajo investigación por presuntamente haber “celebrado la imposición de sanciones” contra el régimen.
El comunicado de la Fiscalía también repite que el opositor está bajo investigación policial por “tener indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense” y “presuntamente ha realizado actos que menoscaban la soberanía”.
Familiares de los nuevos presos políticos denunciaron la crítica situación que viven los opositores, tras más de dos meses encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua, conocido como “El Nuevo Chipote”.
Los reos del régimen han sido sometidos a torturas psicológicas y presentan deterioro físico que se traduce en una pérdida acelerada de peso, entre 12 a 36 libras en menos de 90 días de encierro. Además, se enfrentan a procesos judiciales arbitrarios y con falsos argumentos, señalan los familiares. Los parientes dicen estar profundamente preocupados que esta situación provoque daños irreversibles a los presos.
Esto es aberrante le matan a su hermano y como si fuera poco, ahora lo encarcelan con pretectos absurdos.