El Ministerio Público, subordinado a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, está utilizando como pruebas contra dirigentes opositores y precandidatos presidenciales las declaraciones públicas que dieron a medios de comunicación, así como conversaciones copiadas de sus aparatos telefónicos e informáticos porque, según enfatizan, atentaban contra «el bolsillo de Daniel Ortega».
El documento de la Fiscalía acusa a Manuel Salvador Orozco Ramírez (residente en Estados Unidos), José Bernard Pallais Arana, Félix Alejandro Maradiaga Blandón, José Adán Aguerri Chamorro, Juan Sebastián Chamorro García, Arturo José Cruz Sequeira, Violeta Mercedes Granera Padilla y Daysi Tamara Dávila Rivas, por ser (supuestos) autores del delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua».
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A Manuel Salvador Orozco Ramírez, de nacionalidad nicaragüense, de 55 años y con domicilio actual, Estados Unidos, lo señalan de estar vinculado «con el financiamiento de campañas desestabilizadoras mediante una red de enlaces de organizaciones políticas y medios de comunicación, con las cuales ha venido manipulando y presionando para atentar con métodos violentos contra el gobierno de Nicaragua».
Además lo acusan de haber gestionado financiamiento para la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) y el Centro de Investigaciones para la Comunicación (CINCO).
Además le achacan estar vinculado a José Pallais Arana, Félix Maradiaga Blandón, José Adán Aguerri, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Violeta Granera y Tamara Dávila en un supuesto «grupo delictivo organizado y estructurado internacionalmente para cometer delitos graves en contra de la seguridad del Estado».
Las supuestas pruebas
La acusación, presentada por la fiscal adjunta Heydi Estela Ramírez, dice que los opositores acusados «bajo orientaciones propusieron y gestionaron sanciones económicas, comerciales y de operaciones financieras en contra del Estado de Nicaragua, sus instituciones y ciudadanos; asimismo, incitaran a la injerencia extranjera en los asuntos internos, la desestabilización del país con financiamiento extranjero y acciones para desacreditar al Gobierno de Nicaragua, legítimamente electo», tal como define el supuesto delito de «traición a la Patria» de la Ley represiva 1055, pero no la menciona en la acusación.
Las únicas pruebas que logra establecer la Fiscalía orteguista son declaraciones públicas hechas por los acusados a través de medios de comunicación como La Prensa, Esta Semana, Artículo 66, 100% Noticias y en sus redes sociales redes sociales.
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Además, el documento acusatorio que consta de 42 páginas, presenta con despliegue de detalles a varios peritos policiales que, según dicen, son expertos en informática, pero lo único que aportan es que durante los allanamientos a todos los detenidos les ocuparon teléfonos celulares, computadoras y discos compactos- que para leer no se requiere de gran maestría- y aseguran que de ahí extrajeron las declaraciones que ya eran públicas en los medios de comunicación así como cartas que también ya se habían publicado.
Contra el aspirante presidencial Félix Maradiaga, los fiscales orteguistas presentan como prueba que el 26 de enero de 2020 brindó una entrevista al diario La Prensa en la que se refirió «en relación al tema titulado: “Sanciones contra instituciones y contra la billetera de Ortega”».
A Juan Sebastián Chamorro le achacan como prueba que «el 5 de marzo de 2020, en publicaciones del diario La Prensa, dijo que “las sanciones a la Policía Nacional es una de las más severas y contundentes hasta el momento, genera un precedente que no se había registrado en una institución del Estado, denunciada por haber ordenado, dirigido, participado en las violaciones a los derechos humanos”».
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Mientras que al precandidato Arturo Cruz lo pretenden condenar, entre otras cosas, porque el 25 de marzo de 2021 en una de sus redes sociales, sobre el proyecto de Ley Renacer en Estados Unidos, comentó que «las reformas electorales que necesitamos para tener unas elecciones libres y justas no pueden seguir esperando a la voluntad del soberano».
En cuanto a Violeta Granera, una de las pruebas que esgrimen dice que «realizó actos tendientes a afectar la naturaleza del Estado Soberano e Independiente. Es así que el 30 de septiembre de 2019 brindó entrevista, desde Washington, al programa televisivo nicaragüense denominado “Esta Semana”, y afirmó que fue a una reunión de trabajo en la OEA (Organización de Estados Americanos), donde gestionó la aceleración de las sanciones en contra de los funcionarios del Gobierno de Nicaragua, pidió la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática (Interamericana), e incitó a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua».
Asimismo dicen que el 16 de octubre de 2020, Granera, a través de la red social Facebook «publicó la entrevista vía zoom brindada al noticiero de plataforma digital en Nicaragua, denominado Artículo 66, en la cual manifestó: desde la Coalición Nacional pedimos a la OEA poner fecha a Ortega».
