El Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá anunció este 14 de julio un nuevo paquete de sanciones contra «15 personas adicionales», como parte de la respuesta internacional por la embestida represiva que ha sido desatada en Nicaragua en los últimos tres meses.
«Canadá apoya al pueblo de Nicaragua en su llamado a un futuro justo y pacífico basado en el respeto fundamental de los derechos humanos, la libertad de prensa y el derecho a votar en elecciones libres, justas y transparentes. Hacemos un llamado a las autoridades nicaragüenses para que liberen a los detenidos injustamente y respeten el estado de derecho y las obligaciones internacionales de derechos humanos», explicó el ministro canadiense de Exteriores, Marc Garneau.
Entre los orteguistas sancionados figuran los jefes policiales Ramón Avellán, subdirector de la institución represiva; Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (El Chipote); Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales; Juan Antonio Valle Valle, jefe la Unidad de Patrullas de Managua; y Fidel Domínguez, jefe de la Policía departamental de León.
Les siguen la fiscal general de la República Ana Julia Guido; el magistrado del Consejo Supremo Electoral Lumberto Campbell; el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta; y el operador económico de las empresas de la familia presidencial José Jorge Mojica Mejía.
De la Corte Suprema de Justicia orteguista incluyen al magistrado Marvin Aguilar. De los diputados sandinistas incluyen a Edwin Castro, jefe de la Bancada rojinegra en el Parlamento y Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica Legislativa.
La lista sigue con el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes; y Julio Modesto Rodríguez, directivo del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano, el brazo económico del Ejército de Nicaragua.
En la lista también se incluye a Camila Ortega Murillo, la hija de pareja gobernante, señalada de operar también como testaferro de las empresas de la familia dictatorial. Camila Ortega funge como directora del canal 13 de televisión y también figura como mandamás de una supuesta comisión de fortalecimiento a los emprendedores y es señalada de operar por encima de la ministra del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), Anasha Campbell.
En una publicación oficial, el gobierno canadiense reconoce en general que «desde 2018, el Gobierno de Nicaragua ha estado cometiendo violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos contra su pueblo, incluidas campañas de represión y violencia patrocinada por el Estado contra las protestas públicas y la represión de cualquier oposición política».
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Igualmente le recriminan al régimen de Daniel Ortega que «a pesar de los continuos llamamientos de Canadá, la Organización de los Estados Americanos y socios internacionales, el Gobierno de Nicaragua se ha negado a implementar reformas significativas para garantizar que su pueblo pueda tener elecciones libres y justas en noviembre de 2021. En cambio, el Gobierno de Nicaragua ha intensificado su ataques a los derechos civiles y políticos y ha arrestado arbitrariamente a más de 20 destacadas figuras de la oposición y posibles candidatos presidenciales desde junio de 2021».
Alineados con el resto de países
El anuncio de estos nuevos 15 sancionados, «se alinean con las acciones tomadas por los socios internacionales de Canadá y se suman a las sanciones canadienses impuestas anteriormente», resalta la publicación.
Igualmente, Canadá pide la liberación inmediata de los candidatos políticos arrestados, encarcelados o detenidos arbitrariamente, así como la liberación de todos los presos políticos y el fin del arresto y el acoso de los medios de comunicación independientes y los actores de la sociedad civil. El Gobierno de Nicaragua debe garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todo su pueblo de acuerdo con el derecho internacional y su propia constitución».
En los últimos tres años, el gobierno canadiense ha impuesto una serie de medidas contra funcionarios de la dictadura de Nicaragua, amparado en su Ley de Medidas Económicas Especiales, coordinadas con Estados Unidos y países de la Comunidad Europea.
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En respuesta, el régimen Ortega-Murillo ha reaccionado con insultos. Lo más reciente fue la declaración de la vicepresidenta Rosario Murillo, quien, como todos los días, usó su monólogo radial a través de los medios oficialistas para calificar a Canadá de «racista», «asesino» y otros epítetos.
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