Después de 84 días sin conocer su paradero y estado de salud, Bertha Valle informó en su cuenta de Twitter que el politólogo Félix «Maradiaga está vivo». Maradiaga es candidato presidencial por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), fue capturado el ocho de junio de forma violenta en un operativo policial ejecutado en plena calle, después de ser interrogado por cuatro horas por el Ministerio Público, el cual es controlado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Confidencial reportó que los precandidatos presidenciales Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro también recibieron visitas de sus familiares, los encuentros duraron aproximadamente unos 10 minutos.
El Ministerio Público los acusa de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización», según la Ley 1055, herramienta jurídica que utiliza la dictadura Ortega-Murillo para encarcelar a la oposición por supuesta «traición a la patria».
A Maradiaga le fue impuesto un plazo de 90 días de «investigación» que solicitó la Fiscalía en una audiencia a puertas cerradas, sin acceso a un defensor de su elección y sin presencia de los medios de comunicación. El equipo de trabajo del aspirante a la presidencia sostiene que las acciones del régimen violan las protecciones incluidas en los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Nicaragua es Estado parte y a su vez, Ortega-Murillo quebranta la Constitución del país.
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Berta Valle junto a Victoria Cárdenas, esta última esposa de Juan Sebastián Chamorro; tras la detención de sus maridos, iniciaron una campaña internacional de denuncia sobre la violación a los derechos humanos que padecen Maradiaga y Chamorro, ambas se han reunido con importantes actores de la política norteamericana y han llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte-IDH benefició a Maradiaga con medida provisionales y solicitó al régimen de Ortega que lo dejara en libertad junto a otros cuatro líderes opositores más. Ante la negativa de la dictadura, Valle pidió a la Corte-IDH que exigiera al Estado nicaragüense una «prueba de vida» de los detenidos. Los líderes de oposición nicaragüenses se consideran «desaparecidos», porque desde su arresto han estado incomunicados, no conocen de su paradero, se les ha negado el derecho a la salud y a la legítima defensa.
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Desde finales de mayo, el dictador ordenó el arresto de más de 30 liderazgos opositores, capturó a siete aspirantes presidenciales, empresarios, estudiantes, campesinos, exdiplomáticos, periodistas y una defensora de derechos humanos. Todos están detenidos por supuestamente violar la Ley 1055, instrumento jurídico creado para inhibir a cualquier disidente de las órdenes del régimen.