El Movimiento Feminista de Nicaragua se sumó a las condenas contra la masacre de habitantes de comunidades indígenas de la Costa Caribe y criticó duramente el silencio del Ejército y la Policía que, a nueve días de los hechos, ni siquiera se han dado por enterados.
El 23 de agosto, organizaciones indígenas y ecologistas dieron a conocer la noticia que un grupo de colonos, armados con fusiles de guerra y de cacería, ejecutaron un ataque contra habitantes autóctonos de la Reserva de Bosawas, en el Caribe Norte, y dieron muerte a 13 personas. Otros datos ahora afirman que el número de fallecidos podría llegar a los 18, entre ellos al menos dos mujeres y un niño de seis años. Las instituciones siguen calladas.
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Ante tales hechos el Movimiento Feminista emitió un comunicado, fechado este martes, 31 de agosto; en el que condena dicha masacre «cometida en contra de indígenas misquitos y mayangnas en el cerro Kiwamkumbih, ubicado en el corazón de la Reserva de Bosawas».

Las feministas hacen ver que, al menos desde hace una década, las poblaciones originarias de esas tierras vienen denunciando asesinatos en su contra a manos de colonos que los atacan con el afán de despojarlos de sus tierras ancestrales, reconocidas por el Estado en la Ley 445 de Régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas.
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«Estos crímenes suceden en un clima de total impunidad y silencio (de las autoridades gubernamentales). A la fecha no existe ni un solo juicio y ninguna persona ha sido sancionada por las instituciones competentes a pesar de contar con información fidedigna sobre los autores», denuncian las defensoras de los derechos de las mujeres.
Critican que, a pesar de que las mismas organizaciones indígenas interpusieron denuncias ante las autoridades, fueron ignoradas y ante ese abandono gubernamental los propios pobladores organizados para proteger sus tierras tuvieron que asumir la tarea de rescatar los cadáveres e investigar los hechos.
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El Ejército de Nicaragua, que tiene presencia en la zona a través de Batallón Ecológico, fundado precisamente con el objetivo de proteger esa reserva y a sus habitantes, y la Policía ni siquiera se han dado por enterados, no han emitido ni un solo pronunciamiento ni comunicado informando si van a investigar los hechos.
«Nos sumamos a las demandas, tantas veces expresadas por las organizaciones indígenas, al Estado y Gobiernos regionales a respetar y hacer cumplir el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua y la Ley 445. Es urgente tomar acciones para acabar con la violencia racista y machista que amenaza cada vez más la vida de las comunidades indígenas de Nicaragua», finaliza el comunicado.
Colonos financiados y dirigidos por los magnates orteguistas madereros que saben que actuarán con impunidad. Llegará la hora en que la justicia resplandecera y pagarán por sus crímenes contra las personas y la naturaleza.