Continuando con su escalada represiva y tratando de darle apariencia de legalidad, la Fiscalía al servicio de la dictadura Ortega-Murillo acusó formalmente por el supuesto delito de conspiración para realizar menoscabos en contra de Nicaragua al candidato presidencial por el defenestrado Partido de Restauración Democrática (PRD), Miguel Mora Barberena, contra el periodista opositor Miguel Mendoza y contra la exdiputada liberal María Fernanda Flores Lanzas.
De acuerdo con el comunicado 069-2021 emitido este martes 31 de agosto por el Ministerio Público de la dictadura, y tal como lo han hecho con todos los presos políticos detenidos arbitrariamente a partir del 28 de mayo del presente año, presentaron acusación contra Mora, Mendoza y Flores Lanzas y de forma casi expedita, el poder judicial aceptó dicha acusación y decretó prisión preventiva.
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«El día de ayer se presentaron acusaciones en contra de María Fernanda Ernestina Flores Lanzas, Miguel Ángel Mendoza Urbina y Miguel de los Ángeles Mora Barberena por ser presuntos autores del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del CP en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua. Las audiencias preliminares se llevaron a cabo el día de hoy, la autoridad judicial admitió la acusación y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los acusados», indica el comunicado de la Fiscalía.
La abogada Martha Molina explicó a Artículo 66 que una vez que se inicia el proceso judicial con la audiencia preliminar, la autoridad judicial tiene un plazo de tres meses para realizar el juicio oral y público con reo detenido, a menos que se pida la tramitación compleja, lo que duplicaría ese término.
Mora Barberena fue proclamado candidato presidencial por el PRD el seis de marzo, pero no logró desarrollar ninguna campaña proselitista porque poco tiempo después su partido fue declarado ilegal tras la cancelación de su personería jurídica, ordenada por el orteguista Consejo Supremo Electoral (CSE).
Finalmente el aspirante a la Presidencia fue capturado por tropas policiales el 20 de junio acusado de «menoscabo la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización» y desde entonces permanece incomunicado presumiblemente en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocidas como El Nuevo Chipote.
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En el caso del periodista de la crónica deportiva Miguel Mendoza, que a través de las redes sociales se había convertido en un férreo crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue secuestrado el 21 de junio y al igual que los demás presos políticos, es mantenido en total aislamiento y sin asistencia legal por un abogado de su elección, como lo establecen la leyes penales del país.
La exdiputada Flores lanzas, que además es esposa del excaudillo liberal Arnoldo Alemán, primero fue defenestrada como diputada el 26 de noviembre del año pasado, a solicitud de María Haydée Osuna, presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y luego, el 22 de junio del presente año fue detenida en arresto domiciliario acusada de traición a la patria.
Continúan interrogatorios
En el mismo comunicado, la Fiscalía anuncia que continúan con el proceso en contra de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) «por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos y otros delitos así como por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer actos ilícitos de conformidad con la Ley 1055 y el CP».
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En ese sentido, informan que en relación a las investigaciones en contra de la FVBCH «se presentó a declarar Miguel Urbina en representación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, quien contestó todas las preguntas y se retiró».
Anuncian visitas y declaran que respetan derechos humanos
El Ministerio Publico aprovechó su comunicado para anunciar que a partir de este 31 de agosto permitirán visitas a los presos políticos víctimas de la más reciente escalada represiva e incluso se atrevió a decir que han respetado la Constitución Política y la leyes penales del país, pese a que es públicamente conocido que todos los reos de conciencia permanecen incomunicados desde hace meses y hasta sin asesoría legal.
«A partir de hoy se empezaron a realizar visitas de los familiares de las personas detenidas por los procesos ya señalados en los comunicados anteriores, todo de conformidad y en concordancia con la Constitución Política de Nicaragua, el Código Penal (CP) y el Código Procesal Penal (CPP) reconociéndoles a las personas acusadas tener comunicación y visitas de sus familiares», dice el Ministerio Público de la dictadura.
Y Agrega que «como parte del sistema de justicia penal y en cumplimiento con el ordenamiento jurídico nicaragüense, el Ministerio Público representando a las víctimas y la sociedad nicaragüense continuará realizando las diligencias necesarias. Ha respetado en todo momento los derechos constitucionales de las personas acusadas, investigadas y continuará contribuyendo a mantener la seguridad y el respeto a las normas de convivencia pacífica».