La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió, mediante una resolución adoptada el 11 de agosto de 2021, otorgar por tercera vez medidas cautelares a favor del preso político Miguel de los Ángeles Mora Barberena, porque se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
Mora Barberena, periodista y exdirector del medio de comunicación televisivo 100% Noticias que fue confiscado por la dictadura Ortega-Murillo, fue detenido por segunda vez el 20 de junio y desde entonces se encuentra completamente aislado en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocida como «El Nuevo Chipote», donde además se encuentran más de 30 opositores, entre precandidatos presidenciales, activistas políticos, empresarios y otro periodista más.
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La solicitud de extensión de las medidas cautelares fue presentada ante la CIDH por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), respaldada por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos; quienes expusieron que Mora, quien era precandidato presidencial por el Partido Restauración Democrática (PRD), continuaba en una situación de riesgo dado su perfil de periodista y las intenciones expresadas de participar en las próximas elecciones como candidato a la presidencia. La solicitud indicó que fue objeto de agresiones y actualmente se encuentra detenido e incomunicado de sus familiares y abogados.
«En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicitó al Estado de Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas identificadas. En particular, el Estado debe asegurar que los derechos de los beneficiarios sean respetados de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, tanto por sus agentes, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros», dicta la resolución del organismo internacional.
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El documento adoptado por la CIDH agrega que «b) (El Estado de Nicaragua) informe sobre el paradero oficial del señor Mora Barberena, así como sus condiciones de detención, adecuándolas a los estándares internacionales, según corresponda. Asimismo, con el fin de verificar su situación, que se facilite al señor Mora Barberena el acceso de sus representantes legales y sus visitas familiares de conformidad con los estándares aplicables; c) concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición».
De acuerdo con el comunicado oficial del organismo regional defensor de los derechos humanos, la extensión de medida cautelar beneficia, además de Mora Barberena, a su hijo M.A.M.C., que ya era beneficiario de medidas cautelares como parte del núcleo familiar del periodista y político y a su esposa, la también periodista Verónica Graciela Chávez. La esposa de Mora ha sido agredida físicamente por fanáticos sandinistas que en una ocasión le provocaron una lesión grave en su cabeza, además ha sido citada a interrogatorio en dos ocasiones a la Fiscalía.
En los considerandos de su resolución, la CIDH advierte que «el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. En esa medida, los Estados, además, deben garantizar que las personas privadas de la libertad puedan contactar a sus familiares».
El organismo defensor ha emitido decenas de resoluciones otorgando medidas cautelares contra opositores, pero la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo las ignora, al punto que muchos de los que están detenidos son beneficiarios de esa medida pero siguen incomunicados.
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Asimismo, la resolución indica que el Gobierno de Nicaragua debe informar a la Comisión, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presente comunicación, sobre la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica.
La Comisión recordó que el señor Mora fue beneficiario de medidas cautelares y medidas urgentes entre 2018 y 2019. Los hechos informados por la representación reflejaban que el señor Mora continuaba siendo objeto de seguimientos, hostigamientos e intimidaciones de parte de la policía, y personas afines no identificadas, las cuales fueron calificadas como «paraestatales». En esta oportunidad, la Comisión observó además que el señor Mora fue agredido presuntamente por terceros motorizados en presencia policial, quienes no habrían adoptado medidas frente a la agresión ocurrida en octubre de 2020. Dicha continuidad del riesgo resultó altamente preocupante pues reflejaba que la situación del señor Mora se ha mantenido a lo largo tiempo, incluso tras haber sido liberado en el 2019.
