Los familiares de los presos políticos Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera, José Adán Aguerri y Tamara Dávila solicitaron al Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que exija al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo una «prueba de vida» de los detenidos. Los líderes de oposición nicaragüenses se consideran «desaparecidos», porque desde su arresto no han podido verlos, no conocen de su paradero, se les ha negado el derecho a la salud y a la legítima defensa.
La Corte-IDH realizó una audiencia pública de supervisión de medidas urgentes para los cinco detenidos. El organismo había solicitado al Estado de Nicaragua la liberación de los opositores, pero el régimen no delegó a ningún representante para responder sobre la aplicación y efectividad de las medidas provisionales dictadas por ese organismo.
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola, explicó que todas las personas beneficiarias son capaces de «articular acciones relevantes para las próximas elecciones» y por eso están privadas de libertad, además que no hay información sobre su paradero, han sido sustraídas de todo marco legal y los familiares llamaron a la comunidad internacional a atender estos hechos: la desaparición forzada.
«La ausencia del Estado en esta audiencia reafirma el incumplimiento de estas medidas y su obligación de informar a la Corte el paradero y situación de las personas beneficiarias, así como aportar prueba que respalde sus inexactas afirmaciones. Se limitaron a señalar que los hechos denunciados son inexistentes y no ameritan medidas de protección», dijo la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
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Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, aseveró que su esposo está en completa indefensión, que el régimen de Ortega no cumple sus compromisos internacionales ni la Constitución Política de la República. «Por mis denuncias, el Ministerio Público me acusa de traición a la patria… Les insto a usar todos los mecanismos a su disposición para lograr la liberación de todos los presos políticos», mencionó. Cárdenas huyó de Nicaragua con su hija y aún no tiene certeza de dónde está detenido su marido.
Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, señaló que su esposo ha sufrido amenazas de muerte, asedio y campañas de desprestigio, fue agredido en varias ocasiones y vigilado por un año. «El 8 de junio fue secuestrado después de 4 horas de interrogatorio en el Ministerio Público. Fue golpeado y llevado en una patrulla. La familia, abogados y médicos no han podido verlo. Solicitamos una prueba de vida porque tiene más de 80 días desaparecido», detalló. La hija de Maradiaga ha sufrido ataques de ansiedad desde la detención de su padre y ha desarrollado «temor al abandono».
Cárdenas y Valle enfrentan, en ausencia, un proceso judicial por «traición a la patria» por la amplia demanda de libertad para sus esposos, han sostenido reuniones con importantes actores de la política en Estados Unidos y con organismos internacionales de derechos humanos.
Carolina Jackson, familiar de José Adán Aguerri, manifestó que su papá está preso por disentir en su forma de pensar y su trabajo, su participación en el Diálogo Nacional y demandar la liberación de los presos políticos. «La familia se desintegró y ahora vivimos en diferentes países, ha sido como vivir en duelo. No sabemos si está bien. Padece de problemas crónicos y está sin tratamiento médico. Estos 80 días han sido largos, llenos de temor. Esperamos que ustedes sigan demandando al Estado que los libere», enfatizó.
Javier Hidalgo, hermano de Tamara Dávila, explicó que la hija pequeña de la detenida también ha sufrido ataques de ansiedad desde que no ve a su mamá y pregunta dónde está, hasta preguntó si está muerta. «No hemos podido verla, hemos hecho todas las gestiones locales. Queremos saber de primera mano su estado físico, el único delito de Tamara es ejercer sus derechos y apoyar a las víctimas», aseveró.
Julio Sandino, hijo de Violeta Granera, relató que su familia, por la continua persecución, está desde el exilio. Su madre padece de enfermedades crónicas como diabetes y problemas en el corazón. Granera cumplió 80 días detenida, sus familiares y abogados no han podido verla, están sumamente preocupados por su estado de salud.
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Claudia Paz y Paz, directora de Cejil, que también participó en la audiencia pública, manifestó que el Estado está en la obligación de dar información sobre los opositores detenidos porque la desaparición forzada es una vulneración al derecho de la vida. «Se necesita prueba de vida. Informes han señalado que en Nicaragua no hay independencia judicial. Un organismo internacional debería constatar la situación de las personas detenidas», afirmó.
Urrejola mencionó que en Nicaragua existen indicios de arbitrariedad en las detenciones cuyo fin es criminalizar a la oposición y a toda voz disidente. «El estado persiste en su detención (de los beneficiarios). El escalamiento de la represión ha consistido en la criminalización de la oposición política, y los defensores de derechos humanos son considerados enemigos políticos», destacó.
La presienta de la CIDH explicó que Daniel Ortega formalizó su candidatura presidencial por cuarta ocasión consecutiva y esto confirma el «quebrantamiento del estado de Derecho en Nicaragua». Animó a la Corte-IDH que reitere a Nicaragua que cumpla lo ordenado por este organismo y que permitan el ingreso, nuevamente, de la CIDH y la OACNUDH para constatar la aplicación y efectividad de las medidas provisionales.