Periodista Josué Garay, vocero de la UNAB, abandona Nicaragua para evitar detención arbitraria

El periodista y jefe de prensa de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Josué Garay Alcántara, abandonó Nicaragua el viernes, 28 de agosto, ante la advertencia de su posible detención y restricción migratoria. El afectado asegura que estas medidas restrictivas en «contra de los liderazgos opositores es una clara amenaza de que régimen no quiere soltar el poder y quiere aferrarse a punta de armas».

El joven dio a conocer su salida por medio de sus redes sociales el domingo, 29 de agosto, manifestando que abandonar su país ha sido una dura decisión, pero «al menos ya puedo respirar. La lucha por una Nicaragua libre no acaba. Se fortalece».

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Garay había sido víctima de amenazas, asedio y agresión física desde el 2018, cuando trabajaba para el diario La Prensa. En ese momento, resistió lo más que pudo dentro de Nicaragua, pero luego se exilió en Costa Rica por un tiempo. A su retorno, el periodista se convirtió en el asesor de comunicación de Félix Maradiaga. «Supongo que ya próximo a los 90 días que él cumpla de su detención (Maradiaga), ya pensaban atar cabos sueltos y era claro que andaban tras de uno», escribió el joven opositor.

Garay manifestó en entrevista con Artículo 66 que las eventuales elecciones programadas para el siete de noviembre son únicamente votaciones porque «las elecciones ya las tiene básicamente robadas con un Consejo Supremo Electoral manipulado».

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La noticia de su posible detención llegó a oídos del comunicador el viernes, 27 de agosto, por la mañana y decidió partir de inmediato, llevando con él cosas básicas y necesarias. Asegura que no fue fácil abandonar su país en estas condiciones y presenciar la salida de más nicaragüenses que huyen víctimas de la represión o por la situación económica que se vive actualmente «huían para buscar un mejor futuro en cuanto a su economía».

Hasta el momento son 155 presos políticos, algunos de ellos se encuentran siendo sometidos a «audiencias secretas» en las que se les imputan cargos sin la presencia de un representante legal elegido por ellos. La comunidad internacional ha rechazado este tipo de maniobras utilizadas por el régimen asegurando que son «una grave violación a los derechos humanos».