La Corte Interamericano de Derechos Humanos (Corte IDH) citó para este próximo viernes, 27 de agosto, al Estado de Nicaragua a una audiencia en la que los representantes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo deberán responder por el incumplimiento de las medidas de protección dictadas en favor de varios presos políticos.
El abogado Gonzalo Carrión, directivo del Colectivo de los Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, adelantó que en esa comparecencia se revisará el permanente incumplimiento de las instituciones de Nicaragua a las medidas cautelares dictadas por la Corte IDH, las que en su mayoría han estado dirigidas a integrantes de organizaciones de oposición y precandidatos a la Presidencia.
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«Este viernes 27 de agosto, a las 8:00 am (hora de Nicaragua) tendrá lugar la audiencia pública de supervisión de medidas urgentes otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en beneficio de los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga Blandón, el líder opositor y empresario José Adán Aguerri Chamorro y las activistas opositoras y defensoras de derechos humanos Violeta Granera y Tamara Dávila», indica una nota de prensa dada a conocer.
Los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro fueron secuestrados el ocho de junio, mientras que el empresario José Adán Aguerri y las activistas políticas, integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) Tamara Dávila y Violeta Granera, fueron detenidos arbitrariamente en medio de aparatosos operativos policiales el 12 de junio.
En la comparecencia, que se celebrará de manera virtual, la Corte IDH verificará el cumplimiento (nulo) del Estado nicaragüense sobre medidas provisionales ordenadas el pasado 24 de junio y ampliadas el 19 de julio de 2021, en beneficio de los cinco opositores, que llevan ya más de 70 días técnicamente «desaparecidos» después de su arresto arbitrario a manos de agentes policiales.
Familiares de los presos políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos han considerado como desaparecidos o secuestrados a los detenidos porque no han sido presentados en público, ni se ha informado oficialmente dónde los tienen. Además, permanecen en total aislamiento, sin poder ser vistos por sus familiares ni por sus abogados que no han podido darles asistencia legal.
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Estos cinco secuestrados se suman a otros 29 que han sido criminalizadas desde mayo de 2021 cuando comenzó la más reciente ola represiva ejecutada por la dictadura Ortega-Murillo, y con las cuales ya se acerca a 150 el número de rehenes políticos en el país.
El tribunal regional ordenó al Estado de Nicaragua que «proceda a la liberación inmediata» de las personas beneficiarias y requirió que adopten las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, integridad y libertad personal, así como la de sus núcleos familiares. La dictadura ha ignorado dichas resoluciones.
En la audiencia del viernes participarán integrantes de las familias beneficiarias y sus representantes legales, además de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
