Opositores nicaragüenses que se encuentran exiliados o residiendo en Costa Rica realizaron un plantón este 27 de agosto en el marco de la audiencia que se celebra este día en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) donde se exponen los testimonios de los familiares de presos políticos del régimen de Daniel Ortega y organizaciones que son víctimas de la represión de la administración de turno.
Los autoconvocados se concentraron frente a las oficinas de la Corte IDH ubicadas en San José mientras se desarrollaba la audiencia pública de supervisión de medidas provisionales y urgentes en los casos de Violeta Granera, Juan Sebastián Chamorro, Tamara Dávila, Félix Maradiaga y José Adán Aguerri.
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La Corte IDH citó este viernes, 27 de agosto, al Estado de Nicaragua para brindar su declaración en la audiencia pública en la que debían responder por el incumplimiento de las medidas de protección dictadas en favor de dos aspirantes a la Presidencia y tres activistas políticos que mantienen encarcelados el aparato represivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La activista feminista Ana Quirós alegó que «definitivamente la justicia es uno de los temores principales para este régimen, porque saben que están incumpliendo con todas las normas que ellos mismos han firmado, porque saben que están violentando los derechos de los más de 150 presas y presos políticos, porque saben que tienen mucho por lo que rendir cuentas y le tienen miedo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le tienen miedo a la voz del pueblo, por eso no se han presentado».
Cabe mencionar que el Ministerio Público de Nicaragua el 26 de agosto acusó formalmente por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional a los precandidatos presidenciales Félix Alejandro Maradiaga Blandón, Juan Sebastián Chamorro García y Arturo José Cruz Sequeira.
Los mismos cargos les imputan a cinco líderes de oposición: Manuel Salvador Orozco Ramírez, José Bernard Pallais Arana, José Adán Aguerri Chamorro, Violeta Mercedes Granera Padilla y Daysi Tamara Dávila Rivas.
Marjorie Duarte, integrante de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), sostuvo que «donde nos encontremos vamos a seguir demandando la libertad para los presos y presas políticas, justicia para Nicaragua, principalmente para las personas que han sido asesinadas por parte del régimen» y añadió que desde su organización le exigen al gobierno de Ortega-Murillo que brinden información sobre la ubicación de Alex Hernández, quien se encuentra «secuestrado» desde el 23 de agosto.
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Mientras tanto, la madre del estudiante asesinado Gerald Vásquez, Susana López, dijo que «como madre nunca me voy a cansar hasta que el régimen rinda cuentas del daño que nos hizo a todas las madres de nuestros hijos asesinados y voy a seguir siempre apoyando por la libertad de los presos políticos».
El tribunal regional ha exigido en reiteradas ocasiones al Estado de Nicaragua que «proceda a la liberación inmediata» de las personas beneficiarias y requirió que adopten las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, integridad y libertad personal, así como la de sus núcleos familiares. La dictadura ha ignorado dichas resoluciones.
