Opositores nicaragüenses realizarán «plantón por la Libertad», en la Corte-IDH

Los integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que se encuentran en Costa Rica junto a familiares y amistades de los presos políticos, invitan a la población nicaragüense exiliada en ese país, al «Plantón por la Libertad» que se llevará a cabo, este 27 de agosto en las afueras de las oficinas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Los opositores exiliados en San José han programado esta manifestación entorno a la «Audiencia pública de supervisión de medidas provisionales y urgentes» de varios opositores que mantiene encarcelados el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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La Corte IDH citó para este próximo viernes al Estado de Nicaragua a una audiencia en la que los representantes de la dictadura deberán responder por el incumplimiento de las medidas de protección dictadas en favor de Violeta Granera, Juan Sebastián Chamorro, Támara Dávila, Félix Maradiaga y José Adán Aguerrí.

La activista feminista Ana Quirós indicó a Artículo 66 que el propósito de la convocatoria es para «respaldar a las organizaciones de derechos humanos y a los familiares que estarán dando los testimonios sobre los arrestos arbitrarios» de los líderes y lideresas de la oposición nicaragüense.

A su vez, Quirós, quién fue forzada a dejar el territorio nicaragüense, resaltó que esta manifestación es también un «llamado de atención a la Corte IDH, debido a que estos son cincos de 151 presos y presas políticas. Nosotros esperamos que además de actuar y seguir demandando por los derechos de estas cinco personas, nos acompañen y que podamos seguir demandando justicia para el resto de las y los encarcelados».

En la comparecencia, que se celebrará de manera virtual, la Corte IDH verificará el cumplimiento (nulo) del Estado nicaragüense sobre las medidas provisionales ordenadas el pasado 24 de junio y ampliadas el 19 de julio de 2021, en beneficio de los cinco opositores, que llevan ya más de 70 días técnicamente «desaparecidos» después de su arresto arbitrario a manos de agentes policiales.

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El tribunal regional ha exigido en reiteradas ocasiones al Estado de Nicaragua que «proceda a la liberación inmediata» de las personas beneficiarias y requirió que adopten las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, integridad y libertad personal, así como la de sus núcleos familiares. La dictadura ha ignorado dichas resoluciones.