El tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco «Chico» López, señalado de ser el principal operador financiero del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega; está sancionado por Estados Unidos a través de la Ley Global Magnitsky,desde el 2018. Sin embargo, burlando esas sanciones, no ha parado de hacer negocios para multiplicar los millones de dólares propios y los de la familia Ortega-Murillo. Ahora ha establecido empresas en Honduras asociado con personajes cercanos al poder político de ese país.
Una investigación realizada y publicada esta semana por el medio de comunicación digital especializado en investigaciones periodísticas, Expediente Público, revela que Chico López ha migrado hacia el triángulo del norte centroamericano con sus estrategias para continuar multiplicando dinero y ha establecido sociedades con personajes del país vecino del norte y de esa manera, se ríe de las sanciones.
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En Nicaragua, varias investigaciones pusieron al descubierto que López fundó en el país al menos 20 empresas, todas ligadas al negocio de alimentos y derivados del petróleo venezolano, hasta que el Gobierno de Estados Unidos lo sancionó aplicándole la Ley Global sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, Magnitsky, el 5 de julio de 2018.
Dicha legislación le permite a Estados Unidos aplicar sanciones a ciudadanos extranjeros, de forma individual y a personas jurídicas, sospechosos de graves violaciones de derechos humanos o corrupción a gran escala y entre sus potestades está denegar la entrada a ese país a las persona sancionada y bloquear sus propiedades, cuentas bancarias o negocios en suelo norteamericano, además prohíbe a empresas o ciudadanos de ese país establecer algún tipo de relación comercial con el agregado a la llamada lista negro.
Al ser sancionado, el tesorero del FSLN y principal testaferro de los Ortega-Murillo se le cancelaron cuentas bancarias y el régimen tuvo que separarlo de los numerosos cargos que ostentaba dentro del Gobierno. Chico López es uno de los principales ideólogos de la relación financiera establecida entre Ortega y Venezuela a través de la empresa petrolera PDVSA, principal financiera de la llamada Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA).
ALBA en Centroamérica es considerada hoy por hoy parte de la red criminal global de PDVSA, que agrupa empresas de fachada, líderes políticos aliados de la región, élites económicas y organizaciones criminales que encubren el lavado de activos desde Venezuela, según la investigación «La Última Resistencia de Maduro: La supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana», elaborada por Douglas Farah y Caitlyn Yates para elIBI Consultants, LLC y National Defense University», según cita Expediente Público.
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Tras las sanciones norteamericanas, Chico López tuvo que alzar vuelo con sus empresas, muchas de ellas de maletín y encontró un padrino en Honduras, el gobierno de Juan Orlando Hernández, que lo recibió y le facilitó socios para sus oscuros negocios.
En enero de 2019, Estados Unidos anunció que PDVSA había entrado a la lista de la Oficina de Control de Activos (Ofac) porque la estatal petrolera venezolana había sido por mucho tiempo un vehículo para la gran corrupción orquestada desde Venezuela. En marzo de ese mismo año, esas sanciones fueron extendidas a dos de las filiales de PDVSA en Centroamérica: Alba Petróleos en El Salvador y Albanisa en Nicaragua.
Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega
Asimismo, fueron sancionadas en Nicaragua empresas como Bancorp, DNP Petronic y Caruna, a quienes Estados Unidos asocia en la red de lavado de dinero venezolano en Nicaragua.
Pero documentos obtenidos por el medio de comunicación que condujo la investigación periodística revelan que la filial hondureña del ALBA, fundada por el sancionado financiero de Daniel Ortega desde 2013, sigue operando sin trabas y haciendo negocios a través de múltiples empresas. Ahí está el dinero de Chico López y su jefe el dictador de Nicaragua. Las sanciones han sido burladas.
Al amparo del Gobierno de Juan Orlando Hernández, López ha creado compañías a diestra y siniestra. Usó su poder como representante legal de Alba Alimentos de Nicaragua SA (Albanisa) para establecer, el 1 de agosto del 2013, Alba Alimentos Honduras-Nicaragua (Albanihsa) en San Pedro Sula, en el norte, la principal capital industrial del país centroamericano.
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Posteriormente, el testaferro de los Ortega-Murillo se asoció con el empresario hondureño Gerardo Arcángel Meraz Puerto para operar la Comercializadora Centroamericana (Comercah). Esa operación consta en el instrumento 318 del registro mercantil de San Pedro Sula.
El siguiente paso de López fue dominar Alba Alimentos de Honduras y para ello, se hizo dueño del 60% de las acciones de la hondureña y su socio Meraz Puerto le facilitó la cuenta bancaria de su empresa Petróleos Americanos de Honduras. ¿Y las sanciones? Chico López encontró la forma de “baipasearlas”.
Albanihsa, con López, hizo prosperar actividades aparentemente lícitas, específicamente establecimientos agrícolas, ganaderos, pasturas, comerciales, la explotación en todas sus formas de industriales y de representación. Una estrategia muy similar a la implementada por Alba de Nicaragua. Era notorio que había un experto detrás de esos negocios y ese era el protegido de Daniel Ortega.
Pero Alba Alimentos de Honduras no es más que una lista de compañías de la nicaragüense Albanisa y por medio de Comercah. Esa sociedad nicaragüense ha creado Petrocaribe de Honduras, Comercializadora Agrícola de Honduras, Mercados Caribeños Varios de Honduras, Amerigas de Honduras, Inerforte SA, GM Seguros e Inversiones Financieras, Castilla Energy SA de C y Castilla Refinería. El hondureño Gerardo Arcángel Meraz Puerto, hombre ligado al Gobierno de su país, es socio en esas empresas registradas después del año 2013. Se sigue evidenciado que todos los negocios son muy similares a los que Chico López había establecido en Nicaragua y tras las sanciones sólo las trasladó a Honduras.
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El socio hondureño es poseedor de 24 empresas, y en ellas, resaltan entre sus socios, la familia del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández Alvarado. Uno de ellos sus hermano, José Amílcar Hernández Flores, aprovechando la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, conformó con José Amílcar Hernández, en junio de 2020, la empresa Droguería y Laboratorio Sociedad de Responsabilidad Limitada (Drolab, S.A. de C.V.) a fin de aprovechar la crisis de la salud para hacer prósperos y rentables negocios y aquí otra sorpresa: Drolab S.A. de C.V. tiene la misma dirección que Albalinihsa, la empresa de “Chico” López: Bulevar hacia El Progreso, Yoro, kilómetro veinte y medio, sector Coowle, plantel de Agua Viva, zona norte de Honduras.
Chico López ha sido visionario y desde antes se ha venido preparando para extender tentáculos y poner a salvo sus millones invitando a norteamericanos y europeos a sus sociedades a través de su socio hondureño y así, según la investigación periodística, Mercados Caribeños Varios, Merkavad, la conformó con el ciudadano español Jorge Enrique Mesa Lorenzo y el estadounidense Juan Antonio Serrat. Además, impulsó la misma operación la la firma guatemalteca Cefame, de Carlos Enrique y Juan Pablo Urrutia Villalobos.
El truco de la refinería
Francisco López y sus ideas de negocios lo han convertido en el favorito y protegido de los gobernantes de Honduras y Nicaragua. Allá en Honduras el operador financiero de Ortega también vendió la ilusión de una mega refinería de petróleo, igual que en Nicaragua, llamada «Supremo Sueño de Bolívar» y para ello también contó con el mimado del Gobierno hondureño, Gerardo Meraz. El proyecto de la refinería en la Bahía de Trujillo, en Colón, tampoco se ha hecho
Pero, López y Meraz sí lograron que para tal proyecto le donaran a su empresa Castilla Refinería S.A. de C.V 150 hectáreas de tierras comunales muy bien valoradas en el sector de Barranco Blanco, que pertenece a la comunidad garífuna de Cristales y Río Negro. Si eso se parece a algo en Nicaragua no debe ser por mera casualidad.
