El gobierno de Gran Bretaña anunció este lunes, 26 de abril, sanciones por corrupción contra tres funcionarios centroamericanos. Uno de Nicaragua, otro de Honduras y el tercero de Guatemala.
La lista incluye al diputado hondureño Óscar Ramón Nájera, el diputado guatemalteco Felipe Alejos Lorenzana y el nicaragüense José Francisco López Centeno, hombre de confianza del régimen de Daniel Ortega y funcionario sancionado también por Estados Unidos. La sanción incluye el congelamiento de activos y el veto de entrada.
Los centroamericanos sancionados son parte de una lista de 22 personas y entidades a las que el Reino Unido impuso hoy sanciones bajo el nuevo régimen de sanciones anticorrupción internacional anunciado por el ministro de Asuntos Exteriores, Dominic Raab.
Las personas involucradas en algunos de «los casos de corrupción más graves del mundo ya no podrán canalizar su dinero, a través de los bancos del Reino Unido o ingresar al país», señaló el gobierno británico.
«Los individuos que sancionamos hoy han estado involucrados en algunos de los casos de corrupción más notorios en todo el mundo. Les estamos diciendo a los involucrados en casos de corrupción grave: no los toleraremos a ustedes ni a su dinero sucio en nuestro país», declaró Raab.
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El documento ubica al parlamentario Óscar Ramón Nájera en un caso de corrupción en el que utilizó su posición «para facilitar sobornos y respaldó a una importante organización de tráfico de drogas», identificada como «Los Cachiros», de la que se benefició financieramente. «Las conductas de esta naturaleza minan seriamente el imperio de la ley y la confianza en las instituciones públicas de Honduras», indica Londres.
Al diputado guatemalteco Felipe Alejos Lorenzana se le considera responsable de «utilizar su posición para atraer clientes con la oferta de expedir devoluciones de créditos fiscales a cambio de sobornos», beneficiándose de esas «comisiones»; y que «facilitó” y benefició» de la corrupción.
Al ya sancionado, Francisco «Chico» López Centeno, se le acusa de estar involucrado en casos de «apropiación indebida», aprovechándose de su cargo como vicepresidente de la compañía estatal Alba de Nicaragua, S.A (Albanisa).
«Durante su liderazgo, fondos públicos se desviaron a empresas ficticias o bien a proyectos inflados», lo que «priva al Estado de Nicaragua y sus ciudadanos de recursos vitales para el desarrollo».
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El tesorero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y exvicepresidente de la empresa binacional Albanisa también tenía los cargos de presidente de la Empresa Petróleos de Nicaragua (Petronic) y presidente de la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), pero fue removido de esos cargos, cinco días después que el gobierno de los Estados Unidos informara la través de la aplicación de la Ley Global Magnitsky contra López, el director de facto de la Policía Nacional, Francisco Díaz y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, en julio de 2018.
A raíz de las sanciones impuestas por Estados Unidos y Canadá, Ortega lo nombró como asesor presidencial, a partir del lunes, 29 de julio 2019.
