Ante la escalada represiva que ha emprendido la dictadura que presiden Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, en la que ha mandado a la cárcel a decenas de lideres opositores y ha declarado ilegal a tres partidos políticos para sacarlos del juego electoral, el Gobierno de España lamentó la cancelación de la personería jurídica de Ciudadanos por la Libertad (CxL) insto al régimen de Managua a que detenga la represión. El gobierno de Pedro Sánchez advirtió que el actual proceso electoral de Nicaragua carece de garantías y credibilidad.
«El Gobierno de España lamenta la decisión del Consejo Supremo Electoral de cancelar la personalidad jurídica del partido de la oposición nicaragüense Ciudadanos Por La Libertad (CxL)», dice un comunicado publicado en la página oficial del Ministerio de Asuntos exteriores español.
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El Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló la personería jurídica de CxL el pasado seis de julio, a solicitud del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que utilizó como argumento para tal solicitud la doble nacionalidad de la representante legal de esa organización opositora, Kitty Monterrey, que ostenta la ciudadanía norteamericana y la nicaragüense que le fue cancelada.
«Esta medida, junto a otras adoptadas recientemente por las autoridades nicaragüenses, como la aprobación de una reforma electoral no consensuada y muy alejada de las recomendaciones de la OEA y la UE; la promulgación de abundante legislación restrictiva y, en particular, la detención de los principales líderes y candidatos de la oposición a las elecciones de noviembre, impiden que el proceso electoral en ciernes ofrezca un resultado con garantías y credibilidad», advierte el Gobierno de España.
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Asimismo, le dicen a los Ortega-Murillo que Nicaragua debe dotarse de una autoridad electoral independiente, imparcial y no controlada por el partido en el gobierno.
«Solo un proceso electoral creíble, incluyente y transparente acorde con los estándares democráticos internacionales puede ofrecer una salida a la crisis social, política y económica que vive Nicaragua», apunta el comunicado.
De igual manera, le recuerdan al régimen dictatorial de Managua que el Estado de Nicaragua está obligado, en virtud de los compromisos internacionales, a respetar los derechos humanos y la Constitución Política del país, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos.
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Finalmente, España insiste en la necesidad de liberar a todos los presos políticos y que restaure las personalidades jurídicas a los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil que han defenestrado arbitrariamente.
«El Gobierno de España insta, una vez más, al gobierno de Nicaragua a que libere sin demora a los actores políticos detenidos, devuelva la personalidad jurídica a los partidos políticos y organizaciones civiles de la oposición, permitiendo su libre participación en las elecciones, y a que detenga la represión contra actores políticos y sociales de la oposición, así como el hostigamiento a medios de comunicación independientes».
En las cárceles de la dictadura Ortega-Murillo, segun cifras de organismos defensores de derechos humanos, permanecen más de 140 presos de conciencia, de los cuales más de 30 han sido detenidos a partir de mayo del presente año, cuando empezó la última ola represiva contra dirigentes y activistas opositores. Siete precandidatos presidenciales están tras las rejas acusados de traición a la patria o lavado de dinero.